El "problema" catalán

Me parece que cada vez entiendo menos las cosas que pasan en este país. O quizá es que las entiendo cada vez mejor, y eso es lo que pasa.

Mas y Junqueras, firmando el acuerdo en Enero 2013.
(Fuente: cuatro)

No me gusta hablar de problema catalán, porque estoy convencido de que no existe, genuinamente, nada que pueda llamarse de esa manera. Otra cosa es que los políticos de turno, de uno y otro bando, se empeñen en crearlo, habitualmente obedeciendo a sus propios intereses, no siempre nobles y a menudo espúreos.

Desde que hace unos meses Artur Mas, como un Moisés redivivo, se envolvió en la senyera y se convirtió en el máximo adalid de la soberanía y la independencia de Catalunya, la actualidad no deja de darnos nuevos datos sobre el tema casi todos los días.

La realidad, se quiera reconocer o no, es que ya se ha producido un choque de trenes. Los eufemismos al uso, como el derecho a decidir, se convierten por ambas partes en casus belli y en armas arrojadizas, y las probabilidades de encontrar una solución conveniente para todos, fruto de un acuerdo (siempre es mucho mejor un mal acuerdo que un buen pleito), parecen cada vez más lejanas.

De una parte, los nacionalistas catalanes, que han formalizado un frente CiU-ERC (intentando compensar el varapalo electoral que acabó cosechando Moisés-Artur). Aunque no hay acuerdos globales, otras fuerzas parecen coincidir en algunos aspectos de lo que ese frente defiende. Así, IC-V está por la labor del derecho a decidir de los pueblos, a pesar de que el nacionalismo como tal es abiertamente opuesto a la componente internacionalista que tiene en su raíz cualquier fuerza de izquierda. Y el PSC, en su laberinto dentro del propio laberinto del PSOE, defiende la celebración de una consulta popular sobre la soberanía, sólo para decir a continuación que ellos promoverían el voto en contra. En otras palabras, defienden que se consulte al pueblo catalán, para darle la oportunidad de decir que no está por la labor de ese tipo de aventuras.

Hasta ahí, las dramatis personae del bando nacionalista o soberanista. En el bando contrario tiene el papel protagonista el Partido Popular, que apoya con mayoría absoluta al Gobierno de España. Otros grupos (como Ciutadans y UPyD) defienden, de forma más o menos explícita, la misma posición. Al resto de formaciones presentes en el Congreso de los Diputados, en el fondo el tema ni les va ni les viene, aunque acaben asumiendo, por motivos más sentimentales o de simpatía que de otro tipo, una u otra postura.

Yo ya he escrito repetidas veces que soy partidario de que se realice un referéndum en Catalunya, acordado y consensuado entre los dos gobiernos, donde se pida a los ciudadanos que respondan a una o varias preguntas sin trampa ni cartón. Aunque soy catalán, como residente en Madrid no podría votar en una consulta de ese tipo. Pero si pudiera hacerlo, mi voto sería favorable a que Catalunya continúe integrada en el estado español. Creo que esta es la mejor opción para todos.

Pero la propia preparación de una consulta popular de ese tipo está siendo causa de un total desacuerdo entre las partes. Utilizando términos reduccionistas, a los solos efectos de simplificar el escenario, los españolistas defienden que la Constitución dice que la soberanía reside en el pueblo español y que, por lo tanto, no tendría sentido y sería inconstitucional que esa soberanía se la arrogase el pueblo catalán. Cualquier opinión vertida en el sentido de favorecer o defender la celebración de una consulta popular (llamémosle referéndum) en Catalunya sobre este tema se considera, prácticamente, un crimen de Estado. Y si no, que se lo pregunten al fiscal jefe de Catalunya, que está amenazado de cese en su cargo por haber manifestado públicamente esta opinión.

Por la parte de los nacionalistas, el totus revolutum y el río revuelto ya les va bien, porque extiende la niebla sobre los problemas reales que tiene Catalunya y los catalanes, genera la sensación de un enemigo común (que es lo que más une a los pueblos), y les permite, especialmente a los responsables de CiU, vender a su opinión pública que cualquier movimiento en contra de cualquiera de sus dirigentes (por ejemplo, investigaciones sobre tramas corruptas, evasiones fiscales, comisiones ilegales, cuentas en Suiza, etc. etc.) es realmente un ataque a Catalunya entera.

La vicepresidenta del Gobierno, en la rueda de prensa
tras el Consejo de Ministros del pasado viernes.
(Fuente: diarioprogresista)

Mi principal temor es que ambas partes acaben encontrándose cómodas con la situación actual de confrontación (el victimismo puede acabar arrancando mejoras en la financiación que disimulen los despilfarros del Govern; la firmeza de una posición antisoberanista puede reforzar el apoyo de los propios votantes del PP, disimulando, de paso, el drama nacional del desempleo y la recesión). Si se acaban instalando en el conflicto, ninguno de los políticos moverá un dedo para salir de allí, y aplicarán el principio de a río revuelto, ganancia de pescadores.

A continuación voy a intentar detallar mi opinión sobre este conflicto. Es cierto que la Constitución proclama que la soberanía reside en el pueblo español. Situados en la etapa histórica en que se produjo la redacción de la actual Constitución, ese principio sirve para desmontar cualquier veleidad (muy posible en ese momento) en el sentido de que un monarca, o un Caudillo, o un Salvador de la Patria, se arrogase el derecho a decidir, suplantando la soberanía del pueblo. Este es un principio constitucionalista muy extendido: la soberanía reside en el pueblo (sin adjetivos).

Ahora bien, la realidad es que se realizan muchas consultas que no implican a la totalidad del pueblo español. Cuando hay elecciones autonómicas o locales, sólo los ciudadanos implicados votan. Los ciudadanos de un pueblo o ciudad escogen a su alcalde (aunque sea indirectamente) y lo mismo sucede con los ciudadanos de una Comunidad Autónoma, que escogen a su presidente (o, al menos, al partido o partidos políticos que van a gobernar en su Comunidad). Los madrileños nada tenemos que decir en las elecciones gallegas (podemos opinar, eso sí, sobre si nos ha gustado o no la decisión soberana del pueblo gallego), o los vascos nada tienen que decir en las elecciones valencianas, aunque puedan manifestar su incredulidad acerca de que las innumerables corruptelas acaben cosechando suficientes votos para seguir gobernando.

Por ello, creo que no debería repugnar al sentido común que se pueda realizar un referéndum o consulta popular que sólo involucre, en este caso, a los catalanes. Otro tema sería la necesidad de consensuar y acordar entre los dos gobiernos su contenido y trascendencia. Es más, creo que por un principio de estricta higiene política, este debería ser el primer paso antes de cualquier otro movimiento.

Si el resultado de dicha consulta fuera negativo hacia la opción de la secesión, el (presunto) conflicto quedaría automáticamente desarbolado y desactivado, por lo menos para una o dos décadas. Si fuera favorable a la secesión, habría que empezar a negociar a continuación los cambios legales necesarios para seguir adelante con el proceso.

Lo que ocurre es que las posiciones, por el momento, están enconadas. La única reacción del Gobierno de España es no, de ninguna forma y Constitución, Constitución y Constitución. Y el frente nacionalista no tiene urgencia en convocarlo, porque saben que la cerrilidad y la tozudez del Gobierno de España está creando algún nuevo secesionista cada día y alimenta la fábula del enemigo común y su propio victimismo. Artur Mas, en un debate televisado antes de las elecciones de 2010, ya reconoció, ante la presión del entonces líder de ERC, Joan Puigcercós, que era absurdo convocar un referéndum de autodeterminación si no se tenía la seguridad de ganarlo.

En resumen, las posturas enfrentadas e inamovibles, reticentes a cualquier tipo de negociación, a pesar de decir frecuentemente lo contrario, no contribuyen a otra cosa que a enquistar la cuestión, y convierten un (presunto y virtual) problema o conflicto en una guerra abierta y bien real.

Poco favor le están haciendo a la democracia de verdad, las dos partes. 

JMBA