A vueltas con las SICAV

En Junio del año pasado ya publiqué un artículo que intentaba ilustrar el funcionamiento de las SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) con algún ejemplo práctico que espero fuera entendible.

(Autor: Davalon; Fuente: rosamariaartal)

Sin embargo, la publicación del libro SICAV, paraíso fiscal (del profesor Guillermo Rocafort) y la proliferación de indignados en la calle y en la red, que utilizan muy a menudo con frivolidad datos parciales para demonizarlas, creo necesario insistir en clarificar su funcionamiento.

Cualquier particular, con 1000€ ahorrados, puede colocarlos en un Fondo de Inversión de cualquier entidad financiera. El tratamiento fiscal que recibirá es básicamente el mismo que los socios de una SICAV. Eso sí, su participación en el Fondo será del cero coma más ceros por ciento, y su capacidad de influir en la gestión del Fondo será nula en la práctica. Su capitalito sólo podrá flotar con la ola que generen los gestores del Fondo, gracias a su capacidad o habilidad para inversiones más o menos rentables.

Si el Fondo de Inversión que he elegido es extremadamente rentable, y consigue todos los años una revalorización del 10%, en diez años habré acumulado un capital en ese Fondo de 2.593€, y yo no habré pagado ni un euro en Impuesto sobre la Renta. Me estoy beneficiando de lo que se llama tributación diferida. Sólo tendré que pagar impuestos por la totalidad de la revalorización cuando retire mi capital del Fondo y recupere el efectivo. Y, en ese caso, será en la modalidad de Renta del Ahorro. En las condiciones definidas por el Decreto de 30 de Diciembre pasado, sería a una cuota del 21 ó 23% dependiendo del rango de importes.

Bien, eso no es totalmente cierto. Un Fondo de Inversión (que es un instrumento financiero propiedad de una entidad financiera, un Banco por ejemplo), tiene que tributar anualmente el 1% de sus plusvalías (idéntico porcentaje que las SICAV). Además, un Fondo tiene una serie de gastos que deben sufragar los partícipes, como los de Gestión y Administración. En resumen, la revalorización aparente que yo vea de ese Fondo ya tendrá deducidos esos gastos y el impuesto.

Una SICAV es muy parecida a un Fondo de Inversión, sólo que tiene estructura societaria, con una serie de condicionantes que reflejaba en mi artículo de Junio. Si pensamos en una SICAV de manual, con 100 socios (sin mariachis), en que cada uno posee el 1% del capital de la sociedad, tendríamos el equivalente a un Fondo de Inversión privado, que es propiedad de sus socios y no de una entidad financiera. La Junta General de Accionistas (JGA) delegará en los administradores las decisiones del día a día (sobre dónde y en qué invertir o desinvertir, dentro de los estrictos límites que fija la ley y los propios estatutos de la sociedad, etc.) y deberá retribuirlos en consecuencia. En las JGA anuales renovará la confianza en los administradores o los relevará, y así todo como en una sociedad normal. Como el Fondo de Inversión del que hablaba antes, deberá tributar anualmente el 1% por las plusvalías obtenidas de sus inversiones.

Si fuera igual de rentable que el Fondo, tras el primer año, en la JGA habría que decidir el destino del 10% de plusvalía obtenido. Se podría decidir el reparto de un dividendo en efectivo a todos los socios, o destinar parte a Reservas, o destinar parte de las Reservas a una ampliación de capital o a una reducción de capital con devolución de aportaciones a los socios. Todo tal y como sucede en cualquier sociedad industrial o comercial de las que existen en el mercado.

Lo que desnaturaliza a las SICAV es que la gran mayoría son propiedad prácticamente de una única persona o de un único grupo familiar. Para respetar los límites legales (mínimo de 100 socios), existen los llamados mariachis, que prestan su nombre y detentan un porcentaje mínimo e irrelevante de la sociedad. En la práctica, pues, la JGA se convierte en la decisión individual del dueño de la sociedad. Moviéndose siempre por el filo de la ley, la SICAV puede asumir gastos que son realmente gastos personales de su propietario, o darle un préstamo, o infinitas otras figuras que desnaturalizan la imagen de Instrumento de Inversión Colectiva que son las SICAV.

Hace años existen serias diferencias entre la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores), que es la entidad responsable del control de las SICAV, y la Agencia Tributaria y el colectivo de inspectores de Hacienda. Los inspectores, sabedores de esos excesos y abusos de ley que se cometen en torno a las SICAV, exigen a la CNMV que extremen los controles societarios, en particular, el número de socios y la participación de cada uno. A lo que la CNMV, hasta el momento, ha hecho oídos sordos, entendiendo que el tema no es de su responsabilidad.

Una SICAV como la que estoy definiendo, prácticamente con un único propietario, ya no es una Institución de Inversión Colectiva, y debería regirse, sin más, por la Ley de Sociedades, y tributar de acuerdo al Impuesto de Sociedades (básicamente, un 35% sobre los beneficios).

Pero el hecho de que la legislación de las SICAV sea mal utilizada en la práctica, ante la miopía interesada de las instituciones, no debe llevar a demonizarlas. Habría que implantar condiciones más estrictas, para garantizar que se trate efectivamente de instituciones de inversión colectiva. Se podría, por ejemplo, limitar la participación de un socio al 10% del capital (en la actualidad, la única obligación es informar a la CNMV de si existe algún socio que posea más del 20% del capital).

Pero los poderes públicos son extremadamente timoratos en cuanto se trata de endurecer el control de los capitales. Porque el capital es como una anguila, que huye raudo de donde se le aprieta. Y, a fin de cuentas, es mejor que los capitales sigan aquí, aunque sólo tributen el 1% de la plusvalía obtenida, y no se vayan a operar desde otros mercados más benévolos.

Y hay que tener en cuenta varios factores adicionales. De una parte, tanto los 1000€ invertidos en el Fondo como los n millones de Euros invertidos en una SICAV son rentas legales (que ya pagaron el IRPF correspondiente) y son, por tanto, técnicamente ahorros. En ambos casos aplica el principio de la tributación diferida. Cuando los socios de la SICAV recuperen plusvalías en efectivo, o consigan plusvalías al recuperar su inversión, deberán tributar en el IRPF como rentas del ahorro, al igual que el inversor particular que recuperaba los 2.593€ tras diez años de tenerlos invertidos en un Fondo de Inversión.

Las acciones de una SICAV habitualmente cotizan en alguno de los mercados, pero su liquidez es muy limitada, si no directamente nula. Y, como toda sociedad cotizada, tienen la obligación de hacer pública periódicamente ciertas informaciones financieras. De las 3.736 SICAVs registradas a día de hoy en la CNMV, he escogido una al azar y podéis ver la información financiera que suministró para el segundo semestre de 2011. En la página 5 veréis que informan de que hay un socio que posee el 100,00% del capital (sin redondeo, seguramente sería el 99,9999%, descontando una acción de 1€ para cada mariachi).

Vivimos en una situación de crisis extrema, con más de cinco millones de parados, y una parte importante de la población con serio peligro de caer en la pobreza formal, y en estas condiciones de trinchera es fácil caer en las descalificaciones generalistas y frívolas, carentes de matices: ¡¡¡A muerte con ellos!!!, se grita con el fusil en la cara, para darse ánimos. Pero la realidad tiene más colores. Y en lo que se refiere a las SICAV, son instrumentos legales y correctos, en cuya utilización se cometen algunos abusos de ley, que las instituciones públicas deberían esforzarse en corregir.

Y, por cierto, el hecho de que las rentas del ahorro tributen de un modo muy poco progresivo (sólo los escalones del 21 y del 23%), desde luego mucho menos que las rentas del trabajo, es o no justo, es otra conversación por completo. Ya hablaré de ello otro día.

En fin, así lo veo yo. Con envidia. Y si hoy me sumo a Rosa María Artal y a sus amigos Viator y Davalon en decir Yo también quiero mi SICAV, no es porque piense que tiene ventajas plenamente legales significativas, sino porque eso querría decir que yo sería mucho más rico de lo que soy.

JMBA

El Timo (piramidal) de la Estampita

Tengo en mi casa una modesta bodeguita doméstica, con varios botelleros distribuidos por diversos lugares del piso. Lógicamente, las condiciones de conservación no son las óptimas. Por ello, intento darle rotación, para evitar que algunos vinos puedan echarse a perder.

Activo de mi bodega doméstica
(JMBigas, Febrero 2011)

Sin embargo, alguna vez me falla la estrategia. Tengo una botella de Vega Sicilia UNICO de 1973, que ya no me atrevo a abrir, por si acaso. Me la regalaron con motivo de un cumpleaños hace muchos años, y ha sobrevivido a los diversos envites del tiempo (sobre todo, calurosos veranos), ha vivido una mudanza, y no creo, desde luego, que se encuentre en las mejores condiciones para poder degustarlo con placer. Sin embargo, si confeccionara un balance de mis bienes domésticos, posiblemente lo podría valorar en muchos cientos de euros (de hecho, he visto una oferta en la Red por 475 Euros). La realidad es que no creo que nadie me pagara ese dinero por ella, y que el placer que podré obtener al final no será, desde luego, de ese nivel.

Con ello quiero ilustrar el hecho de que la sobrevaloración de los activos es una práctica muy extendida, que se acaba utilizando siempre cuando se necesita, para ocultar los aspectos más negativos de la realidad. La mejor evidencia de ello es la valoración de los activos inmobiliarios que realizan las instituciones financieras. Se han tenido que quedar con pisos por falta de pago de las hipotecas, y ahora forman parte de sus activos. Bueno, un piso tiene un cierto valor (más o menos, dependiendo de la urgencia de la venta, en estos tiempos), pero que el precio que se podría obtener por ellos coincida con la valoración de los mismos como activo es algo que todavía está generando bastante desconfianza. Y más duro sería, todavía, el tema de las promociones a medio terminar que también han pasado a los activos de Bancos o Cajas. En puridad, su valor en el estado actual es nulo. Está claro que si la entidad invierte más dinero en terminarlas, entonces sí podrían realizarse en el mercado inmobiliario, y obtener un cierto nivel de efectivo por ellos. Claro que esto requiere que las entidades financieras asuman (al menos, temporalmente) la labor de promotores inmobiliarios, o incluso constructores, lo que se aleja de sus áreas de excelencia.

Zoilo Ruiz-Mateos Rivero, Presidente (o Consejero
Delegado) de Nueva Rumasa
(Fuente: El Mundo)

Da la sensación de que lo que está sucediendo últimamente con la llamada Nueva Rumasa tiene mucho que ver con estas prácticas. Emitieron pagarés con la garantía de las existencias de cierta bodega, que habría que revisar y ver si se trata de activos realmente realizables, o bien de piezas de museo, de alto valor sentimental y punto. Y así todo.

Se están desgañitando estos días diversos representantes de la familia Ruiz-Mateos, para intentar justificar que los activos del Grupo son varias veces superiores a las deudas. Por lo que se viene publicando en la Prensa, de la que los Ruiz-Mateos abjura constantemente y siempre que se les deja, la situación real dista de ser tan brillante como intenta presentarse. Es muy preocupante que se quejen del trato de unos medios en los que hemos invertido en publicidad un millón y medio de euros.

Aunque nunca se debiera hacer así, uno podría gestionar su pequeña tienda con el método de los dos clavos: uno para las facturas a pagar y otro para los ingresos de caja. Pero es imposible utilizar un método parecido para gestionar un conglomerado de 117 empresas. Por eso los mercados se han ido proveyendo de métodos de regulación y control, y de buenas prácticas contables. Primero para facilitar a los propios directores la gestión de su empresa o grupo. Y, segundo y no menos importante, para aportar la necesaria transparencia de su gestión hacia los mercados y los inversores.

La Nueva Rumasa nunca ha sido un holding, es decir, nunca se ha practicado una consolidación de balances que dé cuenta con rigor y transparencia de la situación real del grupo. Que detalle la valoración de todos los activos, que especifique las obligaciones de su pasivo, los pagos pendientes (a proveedores, a la Seguridad Social, etc.) y que permita elaborar balances fidedignos y Cuentas de Pérdidas y Ganancias que reflejen la situación contable de modo cierto.

Por lo que he visto, me da la sensación de que los propios Ruiz-Mateos, a estas alturas, ignoran la vastedad de la tragedia, su extensión y su cuantificación.

El viernes, en Antena 3, se realizó una entrevista, absolutamente patética (verla), a don José María Ruiz-Mateos padre (80 años de edad). En ella, Matías Prats estuvo moderadamente incisivo, tratando de que Ruiz-Mateos diera las explicaciones que considerara oportunas. Por el contrario, este recurrió todo el tiempo (en el que pareció estar bastante desorientado) a teorías conspirativas vagas, a un nosotros contra el mundo absolutamente fuera de lugar, a defender su papel de empresario preocupado principalmente (¿solamente?) por el empleo y demás zarandajas.

Para ver opiniones de todos los colores, tuve el humor de sintonizar durante bastante rato con la caverna mediática (Intereconomía TV) que realizaba un especial de El Gato al Agua, dedicado a la Nueva Rumasa. Allí estaba Zoilo Ruiz-Mateos (Presidente o Consejero Delegado del grupo, según las fuentes), rodeado del director general de alguna de las divisiones, y luego de un par de abogados. Mi sensación es que desconocen la realidad auténtica de las cuentas. No disponen de información suficientemente consolidada para abarcar el tamaño y las dimensiones de la desgracia. Ante una información en la prensa que afirma que la Nueva Rumasa debe a la Seguridad Social 45 millones de euros, sólo se dedicaron a desacreditar al medio y no supieron oponer ninguna cifra que resultara creíble (seguramente es que no la saben, lo que es gravísimo).

Rueda de Prensa para anuncia el preconcurso de algunas
empresas de Nueva Rumasa
(Fuente: intereconomia)

El moderador de la tertulia (y algún tertuliano también) intentaron colar la idea de que la puesta en preconcurso de diez de las compañías del grupo podría ser una estrategia para plantar cara al Gobierno, reclamando los justiprecios por la expropiación de 1983. A mí me quedó muy claro que no se trata de ninguna estrategia, que las dificultades son reales y muy reales.

Ante preguntas concretas, Ruiz-Mateos hijo se escurrió con respuestas vagas que, insisto, a mí me sugieren desconocimiento, y no forzosamente mala intención, o estrategia dilativa. Lo cual, para los empleados, acreedores o inversionistas no supone un gramo de respiro, antes al contrario.

Me cuesta creer que la codicia por unas rentabilidades muy elevadas no haya frenado a inversionistas avezados de arriesgar su dinero en esta aventura, que se presenta cada vez más como una estructura piramidal, cuya viabilidad desaparece cuando dejan de entrar fondos nuevos. Alguna información apunta en la dirección de que los inversores no son tales, sino creyentes. ¿Serán todos correligionarios del Opus Dei, obligados de alguna forma a soltar capitales para sostener esa aventura?. La verdad, me cuesta creerlo.

Y, mientras tanto, los organismos reguladores se quedan necesariamente al margen. Porque los Ruiz-Mateos se han empeñado en llevar adelante esta nueva iniciativa al estilo del siglo XIX, primando el populismo sobre la eficiencia, y negándose a entrar en las hormas establecidas para garantizar la transparencia necesaria para todos.

Por otra parte, siguen a vueltas con la compensación por la expropiación forzosa de la primera Rumasa, en 1983. Por lo que parece, hay sentencias judiciales favorables a que se les debe compensar por esa expropiación. Marcos García Montes, presente en la segunda mitad de la tertulia, es uno de esos abogados eternos del caso. Habló de justiprecios elaborados a partir del valor que tendrían hoy los bienes expropiados (lo cual me parece una presunción exagerada), por los cuales el Estado debería compensar a la familia Ruiz-Mateos con la cantidad de 18.000 millones de Euros (tres billones de las antiguas pesetas). Sin embargo, quedó muy claro que lo que están esperando es que el Estado acepte sentarse a negociar. Si fuere el caso, quizá se podría llegar a un acuerdo por una parte de ese montante, un tercio, un quinto, un décimo o lo que fuera.

Si consiguen ese dinero, lo mejor que pueden hacer es pagar las deudas lo primero, y lo que quede repartirlo en la familia, y vivir felices el resto de sus vidas. Pero a los demás que nos dejen tranquilos, que este país ha andado siempre sobrado de salvadores de la patria como para que su presencia pública, con estos modos y estas formas, pueda aportarnos  nada positivo.

El drama será, como siempre, que buena parte de los 10.000 empleos del grupo se perderán. Algunas empresas quizá puedan venderse a terceros que las hagan rentables y viables, pero otras seguro que ya están perdidas para la causa. Se avecina otra liquidación en la que a los ciudadanos, sin comerlo ni beberlo, nos tocará otra vez pagar los platos rotos.

Como en las tiendas de souvenirs, habrá que colgar el clásico letrerito de que El que rompe, paga, o el más sibilino de Pieza rota, Pieza vendida.

JMBA