¿La independencia? No sabemos...

Escribía hace unos días mi opinión sobre lo que podría ser el proceso de independencia de Catalunya, sobre su pertinencia, su conveniencia y su posible desarrollo. Y también he manifestado mi opinión contraria a la independencia, por motivos básicamente emocionales y sentimentales.

(Fuente: momeces)

Desde que Artur Mas lanzó el órdago de la independencia, tras fracasar su intento de convencer a Rajoy para negociar un pacto fiscal al estilo del concierto económico del País Vasco o Navarra, por las dos partes han empezado a aparecer argumentos apresurados, muchos de ellos perfectamente indocumentados. Supongo que se puede considerar que son especulaciones, en todos los casos interesadas, ya que parten de la premisa de que la independencia de Catalunya sería buena (o mala) para la propia Catalunya o para España (o como quiera que se llamara el país que quedara tras un presunto proceso de independencia). Planteada la premisa y la conclusión, se intentan desarrollar argumentaciones que justifiquen esa posición ya tomada, por quien sea, a priori.

Existen, sin embargo, algunas verdades incontrovertibles, aunque muy escasas, para los opinadores de cámara. Es evidente que ni la ley española ni los reglamentos comunitarios de la Unión Europea contemplan los pasos a seguir ante un proceso como este. En otras palabras, las leyes, en su formulación actual, no contemplan la secesión de una parte del territorio.

Dicho esto, es evidente que todas las leyes y reglamentos pueden cambiar para adaptarse a una nueva realidad. Para empezar, todos los salvapatrias deberían saber que lo que han jurado (o prometido) cumplir y hacer cumplir es la Constitución Española, y no específicamente la Unidad de España, aunque es cierto que, en su formulación actual, la Unidad de España está consagrada en el texto constitucional. Pero todas las leyes y reglamentos pueden cambiarse, con las garantías y requisitos que sean del caso siguiendo, normalmente, procedimientos establecidos en las propias leyes para su eventual modificación.

Con ello quiero decir que todo el despliegue de datos que hemos visto estos últimos días para intentar demostrar que una Catalunya independiente sería viable, o que estaría mejor que hoy, o su contraria, que una Catalunya independiente sería inviable y estaría abocada a la quiebra, son puras especulaciones, en el mejor de los casos animadas por la mejor voluntad de intentar clarificar un proceso para el que ni existen precedentes ni tampoco reglamentación legal.

Todo el mundo parece suponer que un proceso de secesión es parecido al del divorcio, para el que sí existe legislación, jurisprudencia y abundantes ejemplos (y contraejemplos). Parece evidente que durante el proceso debería producirse un reparto de los activos y pasivos de la sociedad en trámite de disolución. Aquí se deja volar la imaginación, y hay quien habla de que Catalunya debería asumir el 20% de la Deuda del actual Estado Español, y otros que plantean qué parte del Hipódromo de la Zarzuela (un decir) debería pasar a manos de Catalunya (de una u otra forma).

Asimismo, se ha venido especulando con la pertenencia a la Unión Europea y a la Zona Euro, tras un presunto proceso de secesión. Aquí tampoco existe ni legislación ni jurisprudencia que avale una u otra postura. Unos se empeñan en sostener que, automáticamente, una Catalunya independiente quedaría fuera de la Unión Europea y del Euro, y que debería dar nombre a su nueva moneda nacional, e iniciar laboriosos expedientes para integrarse en esos dos ámbitos, con el paso de los años (o las décadas). Yo he defendido esta posición, porque me parece la más razonable, pero no hay argumentos objetivos para defenderla.

Porque también es cierto que el país que quedara tras la secesión, llamémosle Españ, para simplificar, sería diferente en cuanto a territorio y a variables macroeconómicas del que ingresó en la Unión Europea y luego en la Zona Euro, por lo que entra dentro de lo posible que Españ también quedara fuera de esos ámbitos.

Pero todo ello, insisto, son meras especulaciones, sin mayor base legal.

Cualquier proceso de divorcio es doloroso y habitualmente negativo para ambas partes. Sin embargo, se acaba produciendo cuando al menos una de las partes estima que le resulta imposible seguir conviviendo con el statu quo del matrimonio. Para no ser falaces, deberíamos excluir algunos divorcios millonarios, donde entra dentro de lo posible que el objetivo final de una de las partes, desde antes incluso del matrimonio, sea el divorcio, que estima que le puede reportar pingües ventajas económicas.

Un proceso de divorcio se inicia cuando una de las partes presenta una demanda formal. Luego el proceso puede ser amistoso o no, dependiendo de si la otra parte está dispuesto a aceptarlo como algo inevitable, y por tanto a pasar a negociar los detalles, o no. Que no sea amistoso no significa que el proceso se detenga, sino que las negociaciones serán mucho más duras y se pueden enfrentar frecuentemente a intentos de bloqueo.

Otros países que se han enfrentado en algún momento a la posibilidad de un proceso de secesión (Canadá, el Reino Unido,...) han movido alguna ficha en previsión de esa eventualidad, y ello nos puede aportar alguna lección de interés. Canadá, por ejemplo, proclamó en 1999 la llamada Clarity Act, un breve texto legal que trata simplemente de definir con claridad las condiciones que debe cumplir una demanda de secesión para que se pueda considerar formal. En particular, define las características y controles que debe tener un proceso de referéndum popular en el territorio candidato a la secesión, para que su resultado pueda considerarse vinculante y lance, por consiguiente, un proceso político de secesión, en su caso. Este proceso, a su vez, debería iniciarse con una reforma legal para que la secesión pudiera considerarse, y seguiría con la negociación sobre el reparto de activos y pasivos de todo tipo. Bueno, algo es algo, por lo menos es un punto por donde empezar.

En el caso que nos ocupa aquí, lo primero sería definir el referéndum popular que debería realizarse entre toda la población de Catalunya, acordando el formato y la redacción de la pregunta, para que ambas partes estén de acuerdo en que su resultado sea vinculante y pueda considerarse como una demanda formal de divorcio, o una manifestación formal de la voluntad de seguir en la situación actual.

Enfrentados a una votación popular de ese estilo, ya no valdrían las falacias.  Nadie podría prometer que la situación económica del votante y de su entorno sería mejor o peor según votara en uno u otro sentido. Y no podrían prometerlo porque las condiciones económicas detalladas deberían ser objeto de una ardua y larga negociación, que sólo se iniciaría si el sentido del voto en dicho referéndum fuera claro. El único objetivo de esa votación sería determinar la voluntad mayoritaria (y formal) de lanzar un proceso de secesión (o no).

En la definición de las condiciones para un tal referéndum, deberíamos esperar intentos truculentos por ambas partes. Unos intentarían, sin duda, que pudieran votar también los catalanes de origen pero no residentes en Catalunya, pensando que eso podría beneficiar a una u otra opción. Otros pedirían mayorías cualificadas (más allá de la mayoría simple de entre los  votantes efectivos). Todos intentarían dar un sentido político al voto de los que no acudan al referéndum: los tirios dirían que los que no han ido a votar es porque sustentan el virgencita, virgencita, que me quede como estoy; los troyanos intentarían convencer de que el que no vota manifiesta que le da igual y que decidan otros; todos intentarían apropiarse de la abstención. Pero a ello ya estamos acostumbrados, y por eso sería vital que las condiciones en que se celebrara ese referéndum fueran acordadas entre las partes, y cualquiera que fuera el resultado, debería estar previamente acordado cuál es su significado y lo que toca hacer a continuación. Si el resultado fuera positivo, debería lanzarse a continuación el proceso de secesión; si fuera negativo, debería establecerse previamente que no podría realizarse otra votación similar antes de una o dos décadas, por ejemplo.

Todo ello debería desarrollarse de este modo en un entorno político idílico, por desgracia bastante alejado de nuestra realidad cotidiana. En la práctica, lo que vemos es a un Artur Mas que con una mano pide la independencia y con la otra pide más dinero al Estado, y un Gobierno de España cuya única obsesión es bloquear toda posibilidad de proceso.

De esta forma sólo estamos contribuyendo al enconamiento de las posiciones: mientras unos hablan de la posibilidad de una secesión unilateral (una salvajada directamente inviable sin violencia), otros manifiestan la conveniencia de tomar Catalunya con la Guardia Civil o el Ejército (otra pasada de frenada , directamente impresentable).

Por una vez y aunque no sirva de precedente, deberíamos intentar ser civilizados. Eso contribuiría, además, a desenmascarar los intereses espúreos de algunos presuntos nacionalistas y las derivas nazionales de los salvapatrias de siempre. 

JMBA