La Retribución de los Políticos

Están circulando estos días por los diferentes medios, y muy especialmente por la Red, iniciativas populares para recoger firmas con el objetivo de revisar, reducir o lo que sea, las retribuciones que están percibiendo en la actualidad los políticos en ejercicio.

(Fuente: CRdiario)

Yo no estoy muy de acuerdo con este tipo de iniciativas porque me parecen exageradamente globales, y fácilmente desmontables con diversos tipos de argumentos, que los políticos son muy duchos en manejar. Además, me parecen injustas por meter a churras y a merinas en el mismo corral. Me parecen, además, una distracción de los auténticos problemas por los que la clase política se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía.

Podemos discutir la necesidad, pertinencia o conveniencia de la propia existencia del Senado. Mi opinión es que se trata de una Cámara a medio hacer, a la que le faltan varios grados de cocción para llegar a ser lo que alguna vez se dice, la Cámara de representación territorial. Desde luego, en su formato actual, es meramente inoperante.

Pero creo que todos estaremos de acuerdo en la necesidad de que exista un Parlamento, un Congreso de los Diputados, con miembros elegidos por los ciudadanos en las Elecciones Generales. Se comenta por ahí acerca del bajo nivel (cultural, de instrucción, de capacitación profesional) de muchos de los Diputados, que fuera de la vida pública les haría ser no más de mileuristas. Posiblemente sea cierto (en parte, como todo; que también hay en el Congreso gente muy capaz). Pero el origen de este problema, desde mi punto de vista, son las listas cerradas para las Elecciones Generales. Esto da tal nivel de poder a los aparatos de los partidos políticos (que son los que, a fin de cuentas, confeccionan las listas) que permite toda clase de abusos y de tropelías. Especialmente en circunscripciones con varias docenas de representantes en el Congreso, en el interior de las listas (aparte del cabeza de lista, o de los dos o tres primeros) lo que abunda son mediocridades o estómagos agradecidos, políticos profesionales que, posiblemente, en la empresa privada no pasarían de auxiliares de segunda y jamás podrían aspirar a cargo directivo de ningún tipo. Sé que estoy siendo injusto, seguro, al generalizar en demasía, pero no puedo aquí hacer un análisis diputado por diputado.

Leire Pajín, un ejemplo de carrera política desarrollada en
el aparato del PSOE (en este caso), que ya le ha llevado
a ser Ministra de Sanidad
(Fuente: PSOE)

Es decir, la medianía o mediocridad reinante entre la clase de los diputados es directamente un efecto del poder de los aparatos de los partidos políticos. Aquí llegamos al segundo de los cánceres graves de la política en España. La gran mayoría de políticos en activo (especialmente en Congreso y Senado, pero no sólo) son lo que llamaríamos políticos de carrera. Es decir, gente cuyo primer trabajo de responsabilidad fue, por ejemplo, responsable de las Juventudes del Partido en mi provincia. Esta dependencia vital de lo público  hace que muchas veces sean incapaces de interiorizar los conceptos más básicos que cualquier ciudadano de a pie entiende. Muchos de ellos piensan, y a alguno hasta se le escapa delante de los micrófonos alguna vez, que el dinero público no es de nadie. Lo que es una aberración abominable, ya que la realidad es justamente la contraria: el dinero público es de todos los ciudadanos que pagan sus impuestos, tasas, etc.

Alguien que, desde los veintipocos años, ya está metido en el aparato de su partido, acaba siendo básicamente incapaz de ninguna (otra) actividad productiva, lo que le hace ser servil hasta la extenuación para no perder su beneplácito, y así continuar su vida profesional a base de diversos cargos públicos. Es por este motivo que cualquier partido que ha estado en el Gobierno (del tipo que sea) y de repente pasa a la oposición, sufre una travesía del desierto, a la que no siempre consigue sobrevivir. De repente el pasto disponible para los serviles decrece de forma dramática, y aparecen toda clase de crisis, genuinas y, especialmente, espúreas.

Dicho esto, y si nos centramos, por ejemplo, en los Diputados, se parte de la base de que son cargos de representación territorial. Es decir, cualquier Diputado lo es por la provincia de XXX. Por lo tanto, su principal trabajo político de contacto con los ciudadanos que le han elegido debe realizarse en XXX. Madrid, y el Congreso de los Diputados, es donde debe acudir para defender los intereses de sus representados. Claro que, con esto, estoy hablando de otro país. Aquí las listas (insisto, cerradas) las confecciona el aparato del partido en cuestión, jugando con las adscripciones territoriales (e incluso con los censos provinciales) de la forma que les resulte más conveniente. Así, aparecen diputados por la provincia XXX que, a lo mejor, ni siquiera la han visitado nunca (exagero un poco, pero ya me entendéis, seguro).

(Autor: J. R. Mora; Fuente: IU Almuñécar)

Partiendo de este hecho de representatividad territorial, que les obliga a desplazarse desde sus respectivos lugares de trabajo (real, junto a sus ciudadanos) hasta Madrid para las sesiones del Congreso, es lógico y natural que el Sistema les pague los viajes y las correspondientes dietas de desplazamiento. Como, por otra parte, es costumbre hacer en cualquier compañía de implantación nacional, que requiera viajes frecuentes (o, al menos, periódicos) a la Sede para recibir las consignas corporativas y para reportar resultados, etc.

Otra cosa sería plantearse si tiene sentido, en este siglo XXI, que las únicas reuniones de trabajo que realiza el congreso (sea en Pleno o en Comisiones) tengan que ser necesariamente presenciales. Posiblemente hay una parte de viajes que podrían ahorrarse si se dispusiera de (y se utilizara) una tecnología para, por ejemplo, realizar reuniones por videoconferencia. Seguramente sea imprescindible que los Plenos sean presenciales (al menos, todos los Parlamentos del Mundo funcionan así), pero muchas de las reuniones de Comisiones podrían realizarse por otros métodos menos invasivos y mucho más económicos.

Hablar de un salario base por Diputado del entorno de los 2.800 euros mensuales no me parece descabellado. Y que exista un complemento por pertenecer a la Mesa o a Comisiones, entra dentro de lo razonable. Las dietas por desplazamiento son necesarias de acuerdo a lo ya comentado, aunque seguro que se podrían optimizar sus costes (económicos y personales para los propios Diputados) utilizando con más frecuencia otras tecnologías que están disponibles.

El tema de las asignaciones fijas (parece) en concepto de gastos de representación o de libre disposición, me parece mucho más discutible. Está claro que el Presidente del Congreso (o, incluso, el Presidente de alguna de las Comisiones) debe incurrir en determinados gastos que son propiamente de representación de la institución. En cualquier compañía que no sea propiedad de su máximo directivo (cualquier Sociedad Anónima debe dar cuenta de todo a sus accionistas, por ejemplo; y todo el aparato del Estado nos pertenece a todos los ciudadanos) se establecen criterios de autorización de gastos que pasan por una Dirección Financiera que debe autorizar (o denegar) la propuesta de gastos que realice el propio Director General. Algo así, mucho menos discrecional de lo que parece hoy en día, debería ponerse en marcha en el entorno público.

El tema de las pensiones de los Diputados y otros políticos es que su asignación parece diferir demasiado de los criterios que se aplican a los ciudadanos en general. Si habláramos de un colectivo que se dedica durante unos años a la política activa, por vocación de servicio, abandonando sus actividades principales y su propia carrera profesional, a la que vuelve al abandonar la política, podríamos entender que ese abandono se les gratificara de alguna forma. En otros contextos quizá se hablaría de una indemnización por despido, o de un blindaje, es decir, una cierta cantidad de dinero que se abona a alguien cuando cesa de prestar servicio. La Administración Pública no acepta este tipo de indemnizaciones, por lo que podría parecer adecuado que se les reconociera ese esfuerzo de abandono de carrera profesional con algún derecho ventajoso a pensiones. Sólo que con estas consideraciones estamos hablando de otros políticos que no son los nuestros, al menos no la mayoría.

En un establo de políticos de carrera, en que la fase de Diputado, por ejemplo, es una más dentro de su carrera de servicio público (public servants les llaman los anglosajones), no existe ningún motivo objetivo para que el cálculo de la pensión pública a la que tengan derecho sea diferente de la que se aplique a cualquier otro ciudadano.

Ejemplo de una de las campañas populares en marcha
(Fuente: noalossueldosdelospoliticos)

Por otra parte, el hecho de que los ex presidentes del Gobierno tengan una asignación económica de origen público no me parece mal. De nuevo, al no poder pagarles una indemnización al cesar en su cargo, el cobro de esa asignación debe recordarles que siguen vinculados a lo público y al deber de discreción con todo aquello que puedan haber sabido por motivo de su cargo pasado. Que les contraten para dar alguna conferencia en determinados entornos puede llegar a parecer razonable, pero me parece mal que les contraten como consejeros de ciertas empresas, ya que ahí lo único que aportan son los conocimientos (la experiencia y, sobre todo, las relaciones) atesorados en su etapa de presidentes del Gobierno. En otras palabras, me parece poco ético desarrollar una carrera de ex presidente. Me quedaría más tranquilo si volvieran a sus actividades privadas previas (su industria, su empresa, su bufete, su plaza de catedrático, etc. etc.). Claro que eso es imposible cuando hablamos de políticos de carrera. De nuevo tropezamos con el mismo obstáculo.

En resumen, salvo entrar en los matices y las optimizaciones económicas, que siempre se pueden hacer, el sistema de retribución de los políticos me parece razonablemente correcta, sólo que para otro tipo de políticos que los que parece que estamos condenados a sufrir. Las listas cerradas y la absoluta autoridad de los aparatos de los partidos en hacer que los diputados sigan, o no, en el Congreso (por ejemplo) hace de los políticos en activo una clase que desarrolla así su carrera profesional y que, por lo tanto, debería tener un sistema retributivo como el de cualquier otro trabajador del país.

Me apena que el criterio de continuidad o no pase por los servicios prestados al aparato de su propio partido, y no a los servicios prestados a los ciudadanos, que somos los que pagamos la fiesta. Si votáramos a personas y no a las listas cerradas que nos proponen los partidos, todo sería mucho más genuino, y los políticos estarían realmente interesados en la opinión que despiertan en los ciudadanos a los que (muchas veces sólo teóricamente) representan.

Otro día quizá hable de la multitud de cargos perfectamente prescindibles (nubes de asesores, redundancias entre las diversas Administraciones, etc.) a los que estamos pagando con dinero público. O de la atrocidad que supone que, de repente, todos los políticos (del partido que sean) estén de acuerdo en subirse sus propios sueldos en la primera reunión de un nuevo ayuntamiento.

Dejémonos de órdagos a la grande (como discutir o rechazar la totalidad del sistema retributivo de los políticos) y centrémonos en aquello que significaría un avance claro en su representatividad. Porque apuntar a lo que no constituye el auténtico problema siempre crea distracciones que impiden resolverlo.

Además, unos políticos buenos se merecerían la retribución que la Ley les otorga.

JMBA