A Vueltas con ETA

Empapuzados a diario por primas de riesgo, desplomes de la Bolsa, rescates bancarios y elecciones en Grecia, se habla bastante poco en estos últimos tiempos de la cuestión de ETA, y su final.

Imagen ya habitual de los encapuchados de ETA,
difundiendo comunicados en vídeo.
(Fuente: rtve)

Ahora parece que, a través de un comunicado a la Agencia France Presse, la banda pide a la Unión Europea que ejerza presiones sobre los gobiernos francés y español para establecer un diálogo con ellos, y afirman haber nombrado a una comisión o delegación para llevar adelante esas (presuntas) negociaciones.

Creo que hay demasiada gente (y, por lo tanto, demasiados intereses) hablando, reuniéndose y diciendo cosas sobre el tema. Por un lado, los políticos abertzales (con Amaiur al frente, en el propio Congreso de los diputados). Por otro, los nacionalistas del PNV, que siempre están a recoger nueces. El lehendakari Patxi López sostiene posiciones poco claras y bastante ambiguas que, entre otras cosas, han provocado el final del apoyo del PP a su gobierno en minoría. De vez en cuando también respira una llamada Conferencia Internacional de Expertos, que no se sabe muy bien de quién reciben el mandato y la financiación. En medio está el Gobierno de España que, entre todos ellos y sin que sirva de precedente, es el que sostiene una posición más clara y definida. Y, en el otro extremo, están algunas Asociaciones de Víctimas, que siguen sangrando y llorando por sus heridas.

Como las palabras nunca son inocentes, creo que es imprescindible que todos empecemos a llamar a las cosas por su nombre, sin ambigüedades, sutilezas ni subterfugios.

ETA es una banda armada y mafiosa, que ha cometido muchos delitos, entre los que, sin duda, los más graves son los más de 800 asesinatos que han cometido a lo largo de los años de su existencia. Ya han pasado más de 35 años desde la muerte del dictador, más de 33 desde que se proclamó formalmente la Constitución y que en este país existe un sistema democrático de gobierno. No sé si existen delitos pendientes anteriores a 1975, pero probablemente hayan prescrito legalmente, y ese NO es el problema.

En el País Vasco existen diferencias políticas entre las diversas formaciones que representan cada una a una parte de la población. Pero hablar de Conflicto Político o de Conflicto Vasco es intentar llevar las cosas a una dimensión irreal, imaginada, es sumirse en una ensoñación nada práctica. Pero, en cualquier caso, en ese (presunto) conflicto, ETA no tiene nada que ver. Las diferencias políticas hay que resolverlas desde la política. Las armas y los asesinatos no caben en ese escenario.

Algunos siguen hablando de la cuestión de los presos vascos, que es hablar por hablar de algo que no existe. Los presos son personas condenadas por la Justicia a penas de privación de libertad, como pago  por los delitos cometidos contra la sociedad. Entre todos los presos que hay en España, los hay vascos, andaluces, catalanes, gallegos y de todas partes. Habrá mecánicos de autómovil, fontaneros, abogados, ingenieros, médicos y hasta algún taxidermista. Los hay rubios y morenos, altos y bajos, gordos y flacos. Ese, desde luego, no es el problema.

La política penitenciaria tiene que ser una gestión profesional de la población reclusa. Debe velar para facilitar, en lo posible, la reinserción de los presos a la sociedad (al final de su condena), mediante acciones de formación, trabajo, deporte o lo que sea. Debe evitar la posibilidad de que se establezcan sociedades paralelas en el interior de las cárceles, que puedan derivar en motines, por ejemplo, o en la extensión del caos. Para ello, posiblemente, una herramienta utilizable es la de no acumular presos con fuertes relaciones antes de su ingreso en prisión, para evitar que formen familias o grupos de presión, inaceptables en la convivencia carcelaria.

Jorge Fernández Díaz, Ministro del Interior. No tiene que
lidiar con la prima de riesgo, pero tiene trabajo por delante.
(Fuente: informacionydinero)

Si de repente, la Policía consiguiera desmantelar una organización mafiosa dedicada a la trata de personas, al tráfico de armas y drogas, al blanqueo de dinero y a la extorsión; y detuviera a doscientos de sus miembros, contra los que pudiera probar los cargos y facilitara que la Justicia los condenase a todos a penas privativas de la libertad, la primera decisión razonable de la política penitenciaria sería no acumularlos en una única cárcel. De no hacerlo así, la estructura estrictamente mafiosa se reproduciría en el interior del establecimiento, y podría crearse un grupo de presión (y de extorsión) que no es deseable bajo ningún concepto, y que es obligación del Gobierno evitar.

Hace unos meses, la banda ETA difundió un comunicado por el que anunciaba su decisión de cesar en las acciones armadas. Bien, una buena noticia para la sociedad, pero es sólo una parte de la noticia que todos esperamos, que es su disolución irreversible y la entrega de todas las armas. Dejando a las fuerzas políticas que hablen y planteen escenarios convenientes para todos, limando diferencias y llegando a acuerdos. Una banda armada no tiene ningún papel que jugar en ese escenario, no puede arrogarse ahora la pretensión de velar por la resolución del (presunto, insisto) conflicto vasco. Aceptar esa tutela sería dar entrada a la violencia y al asesinato como arma política (lo que ya no es ni aceptable ni presentable ni defendible en estos tiempos). La sociedad no puede, de ninguna forma, remunerar la violencia y el asesinato.

Por lo tanto, lo único que debe y puede hacer ETA es disolverse por completo y entregar las armas.

Todos los presos que lo sean por delitos relacionados con la banda, lo único que pueden y deben esperar es no sufrir ninguna discriminación (ni positiva ni negativa) respecto al colectivo de presos. Cada preso tiene su propia historia y situación penal, y deberá seguir adelante con ellas hasta que termine de pagar a la sociedad lo que le debe, de acuerdo a las decisiones judiciales y a lo que marca la ley. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deben mantener su celo en intentar esclarecer aquellos delitos que no se hayan resuelto, para ponerlos a disposición judicial. Y, muy posiblemente, todavía tendrá que haber nuevos presos, a causa de esos delitos, para asesinos que hoy están en libertad. Del mismo modo que los derechos son de las personas (y no de territorios, organizaciones o asociaciones), los delitos los cometen personas (y no bandas u organizaciones). 

En ese escenario de no discriminación (ni positiva ni negativa) tanto judicial como penitenciaria, habrá que tener en cuenta que las circunstancias de premeditación, alevosía y sangre fría (habituales en los delitos cometidos por miembros de ETA) constituyen más bien agravantes que atenuantes. Por otra parte, la colaboración con la Justicia puede ser un atenuante, que haga que algunas penas puedan ser en algunos casos menos severas. Si, tras su disolución, los ex-miembros y ex-directivos de la banda colaboran en aclarar aquellos delitos todavía no condenados, estarían contribuyendo a clarificar la situación judicial y penal de todos, y eso sería dar un paso importante hacia la futura reinserción de los que han cometido delitos, con sus cuentas ya saldadas.

A las víctimas (y sus asociaciones) no se les puede pedir
que perdonen a sus asesinos. Pero la sociedad debe avanzar.
(Fuente: nacionespañola)

Creo que no hay atajos a esta aproximación. Cualquier otra cosa sería dejar heridas abiertas y amenazas latentes, que dificultarían la normalización de la situación.

El Gobierno debe ser capaz de actuar en este tema sin discriminaciones (positivas ni negativas) respecto al tratamiento dado a cualquier otro delincuente. No hay ninguna posibilidad de negociación con la banda, más allá de la escenificación, si se quiere, de la entrega de las armas y la disolución de la banda.

Cualquier decisión sobre la dispersión (o reagrupamiento, en su caso) de los presos relacionados con ETA debe ser de índole puramente de política penitenciaria, tras evaluar finamente las ventajas y riesgos de cualquier movimiento en ese ámbito.

Sólo con esta hoja de ruta se puede conseguir que, en el plazo de algunas décadas, todo el tema pueda caer en el olvido y sea solamente pasto de historiadores, como cuando hoy hablamos de la Ley Seca, Al Capone y las mafias del Chicago de los años 20 y 30.

El Gobierno debe ser capaz de tomar las decisiones que deba tomar, igualmente alejado de la banda criminal (y sus mariachis) que de las asociaciones de víctimas. Porque nadie le puede pedir a una víctima que perdone al asesino de su padre, marido o hermano. A pesar de ello, la sociedad no tiene más remedio que seguir avanzando.

Dejémonos, pues, de tonterías. Dejemos de hablar en términos que únicamente existen en las ensoñaciones de algunos o en el imaginario ideal de otros. No existen los presos vascos, ni el conflicto vasco, ni zarandajas del género. Existen delincuentes que, como cualquier otro, deben pagar su deuda con la sociedad, y que deben ser tratados, pura y simplemente como ciudadanos que han cometido algún delito. La Justicia tiene que hablar y los atenuantes y agravantes ya matizarán las condenas. Y en su régimen penitenciario, las mismas ventajas (o desventajas) que cualquier delincuente en este país. Que puede reducir su pena (el total de su pena; no vaya a ser que matar a más acabe siendo gratis) por el trabajo, el buen comportamiento o cualquier otra razón contemplada por la legislación. Que puede solicitar un indulto individual, atendiendo a sus circunstancias personales. Pero punto y final.

Sólo aplicando el principio de la no discriminación (ni positiva ni negativa) a los delincuentes de ETA podemos tener ciertas esperanzas de dejar atrás, sin cierres en falso, un período negro.

No hay atajos. Justicia (y no venganza) y ausencia de discriminación.

Otra cosa sería marear la perdiz.

JMBA