Histeria con Garzón

Por razones fácilmente comprensibles, la justicia es bastante mal valorada por los ciudadanos en general. Cuando se produce un juicio mediáticamente relevante (porque el juzgado es una persona muy popular, porque se juzgan hechos que han generado alarma social,...) cada cual tiene su veredicto preferido, mucho antes de que se publique una sentencia firme.

Baltasar Garzón, en la sala del Tribunal Supremo.
(Fuente: diariodeavisos)

Pero el objetivo de la justicia es aplicar la ley, en todos sus extremos y sin excepciones.

España es un Estado de Derecho y, como tal, su legislación es básicamente garantista. Prima la presunción de inocencia (nadie debería tener que demostrar que es inocente, sino que la carga de la prueba reside en la acusación), se respeta el derecho a la defensa de los imputados, etc. etc.

En el tratamiento que la propia ciudadanía y los medios de comunicación dispensan a ciertos procesos judiciales, a menudo se violentan, o al menos se fuerzan, algunos de estos derechos básicos. Muchos acusados, si sus causas trascienden a la opinión pública, son condenados (o absueltos) mucho antes de que la justicia se haya pronunciado.

Supongo que a veces resulta complicado armonizar los diversos derechos y libertades, la libertad de expresión con el derecho a la intimidad, la presunción de inocencia con la trascendencia mediática de algunos hechos, y así muy a menudo.

Y este es el caso que se está produciendo en los juicios contra el juez Baltasar Garzón. Garzón es un personaje público, popular y muy conocido por la mayoría de ciudadanos. A casi nadie le resulta indiferente. Algunos son sus defensores acérrimos, por su valentía en intentar lanzar causas judiciales de mucha trascendencia (contra Pinochet, contra los crímenes franquistas,...), por haber asociado su imagen a la del PSOE, en ciertos momentos del pasado, y por un talante inequívocamente progresista y situado a la izquierda del arco político. Por las mismas u otras razones, otros son sus máximos detractores. Como ilustración de esta dualidad, os recomiendo la lectura de dos fuentes diferentes, en las antípodas ideológicas una de la otra: elentir y Aventura en la Tierra.

Como juez, hay que reconocer que Garzón está mucho más obsesionado por el objetivo que persigue que por los procedimientos, y algunas de sus instrucciones se acabaron desinflando por errores de proceso que nunca deberían haberse producido. Esta actitud creo que no es buena para la figura de un juez, cuya obsesión debe ser el cumplimiento riguroso de la ley. Si hay que cambiar la ley (y todas las leyes admiten modificaciones; algunas incluso las piden a gritos) esa es una responsabilidad del poder legislativo, del Congreso de los Diputados y el Senado.

Aplicar la ley con rigor supone que, con cierta frecuencia, un juez se verá enfrentado a tener que redactar una sentencia diferente de la que le sale del alma, y esta será, sin duda, una de las muchas frustraciones de la carrera judicial. Pero su labor está perfectamente definida, y cualquier juez debe ser capaz de realizar correctamente su tarea, al margen de cuáles sean sus convicciones políticas, religiosas, morales o de cualquier otro tipo.

Cuando se dictan sentencias que se estiman como suaves contra delincuentes o criminales responsables de actos muy rechazados por la sociedad en general, siempre se oyen voces pidiendo un mayor castigo. Pero para eso, si todo se ha hecho correctamente, habría que cambiar la ley, y el poder judicial no cambia leyes, sino que las aplica.

Para el primero de los tres juicios sonados a los que se tiene que enfrentar Garzón en los próximos tiempos, hemos conocido la sentencia hace unos días. Se trata de un juicio en el que se acusaba a Garzón de haber ordenado escuchas ilegales a los imputados en la trama de corrupción conocida como Gürtel. En particular, porque incluían escuchas de conversaciones entre los acusados y sus abogados defensores, lo que, en principio, supone violar el derecho de defensa que tiene todo imputado. El delito es posiblemente el peor de los que se puede acusar a un juez, la prevaricación, que consiste en dictar resoluciones (o lo que sea) a sabiendas de que son ilegales o injustas. La sentencia le condena por estos hechos a 11 años de inhabilitación. Y todas las fuentes jurídicas que han analizado la sentencia desde este punto de vista, tienden a afirmar que es inmaculadamente correcta. Además, la sentencia la ha emitido el Tribunal Supremo, por unanimidad de sus siete miembros.

Creo que no hay nada que objetar. Garzón se equivocó, primó en él sus objetivos en la instrucción de la causa por encima de los medios legales para hacerlo, y merece el castigo correspondiente.

Claro, en este proceso se juntan factores que sólo hacen que amplificar el desagrado de una parte de la sociedad con la resolución judicial. El condenado es un juez próximo a los socialistas, mientras que los que sufrieron el atropello son los imputados de corrupción en una trama que gira en torno al PP, especialmente en Valencia y Madrid. Por este hecho, se ha desatado una caza de brujas, que hay que desactivar de modo inmediato, o peligra la salud democrática de este país.

Se han elevado voces acusando al Tribunal Supremo de fascista. Diversos políticos de la izquierda han lanzado diatribas inaceptables en contra del poder judicial. Muy en particular Gaspar Llamazares, que en un tweet llegó a decir que ni respeta ni acata la sentencia. Desde luego no tiene por qué acatarla (porque no es parte en este juicio), pero él, como todos los ciudadanos, está obligado a respetarla. Y más cuando ocupa un cargo público de relevancia, y puede ser tomado como ejemplo por otros. Cualquiera puede opinar sobre una sentencia, pero hay que respetarla. Son las reglas del juego democrático.

Me pregunto qué hubiera sucedido si la situación fuera la contraria. El acusado, un juez conocido por su proximidad a la derecha o al PP, y los ilegalmente espiados miembros de una presunta trama corrupta próxima al PSOE. Me temo que oiríamos parecidos dislates, pero de otros emisores. Y así no avanzamos.

Además, por la trascendencia pública internacional de Garzón, a la algarabía se han sumado medios normalmente serios de otros países (como el New York Times o Le Monde, sin ir más lejos), que han lanzado opiniones muy negativas, incluso descalificatorias, sobre la justicia española. Hablan de lo que no saben, y opinan de este juicio como si a Garzón se le hubiera condenado por investigar una trama corrupta próxima al PP. Y nada más lejos de la realidad. Se le ha juzgado por utilizar, a sabiendas, procedimientos ilegales para hacerlo. Un tema puramente técnico de su profesión.

Otra cosa son las sospechas de que la actuación ha sido especialmente rigurosa por las afinidades específicas de acusado y acusadores. La justicia, como todo lo que es administrado por seres humanos, es susceptible de cometer errores. Pero existen los mecanismos jurídicos necesarios para corregir esas circunstancias, si se dieran.

Entiendo que, en este caso, el perfil de los acusadores es particularmente rechazable por una buena parte de la sociedad, por sus corruptelas y corrupciones, con presunto desvío de fondos públicos hacia bolsillos privados y con la connivencia (o puramente la complicidad) de altos cargos políticos. Pero todo acusado, en un estado de derecho como España, tiene protegidos y tutelados sus derechos básicos, como el de defensa.

Antes de lanzar diatribas contra la justicia, intentemos entender de verdad cuál es su función y qué es lo que está juzgando y sobre lo que se emite una sentencia. Y, para serenar los ánimos, pensemos cuál sería nuestra reacción si los perfiles (políticos, principalmente) fueran los contrarios.

Algunos, creo que con excesivo apresuramiento y frivolidad, han afirmado que otros jueces hacen lo mismo y no se les acusa de prevaricación. Si fuera así, y como la justicia no puede ni debe actuar de oficio, debería haber una acusación privada en esos casos (una denuncia, o demanda, o lo que sea) o bien una iniciativa del Ministerio Público (de la Fiscalía). Sin esas acciones necesarias, la justicia nunca puede entender de esos supuestos casos similares.

Entiendo que se concentren partidarios o fans de Garzón para animarle y apoyarle en las sesiones del juicio, aunque eso suponga una evidente presión sobre el tribunal que le juzga. Pero no puedo aceptar las descalificaciones vertidas por tantos hacia la institución que encarna el supremo escalón de la justicia en España.

Si en el futuro, por alguna fatalidad, yo acabara imputado en alguna causa judicial, me gusta saber que la justicia velaría porque mis derechos fundamentales fueran respetados.

En un Estado de Derecho, nadie puede estar por encima de la ley. Garzón no es una excepción a ese principio. Y, en la justicia, el fin NO justifica los medios.

En estos casos, conviene recordar que al sangriento gángster Al Capone, la justicia norteamericana sólo le pudo condenar por delitos fiscales, sin duda los menos graves que cometió semejante personaje. Pero el resto no se pudieron demostrar.

Garzón es, sin ninguna duda, una persona muy respetable, incluso admirable en muchas de sus iniciativas. Pero ha cometido algunos errores imperdonables en el desempeño de su función, por los que tiene que pagar lo que estipula la Ley, como si fuera cualquier otro.

Serénense las aguas, que volcamos.

JMBA