Vaya por delante mi autoinculpación de no haber seguido jamás ningún seminario para aprender a jugar al mus. Seguramente por ello no soy un español de libro. Debido a esa incapacidad, para mí la palabra órdago solamente tiene el sentido que le da el Diccionario de la Real Academia Española:
órdago.
1. m. En el juego del mus, envite del resto.
1. loc. adj. coloq. extraordinario (‖ fuera de lo común). Borrachera, calor de órdago.
Eso de envite del resto sí lo puedo entender. Como a veces jugamos a póker con los amigos, sí entiendo lo que eso significa y, de hecho, en nuestras partidas lo tenemos explícitamente prohibido, para evitar que nadie pueda ganar solamente debido al hecho accidental de que disponga de mayor resto que los demás en la mesa.
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Artur Mas, en el reciente pleno del Parlament de Catalunya.
(Fuente: cadenaser) |
Pero me parece que lo que ha hecho Artur Mas en el Parlament de Catalunya es un órdago en toda regla, una demanda formal de divorcio. A pesar de que llevo ya muchos años viviendo en Madrid, yo soy catalán. Pero claro, tampoco debo ser un catalán de libro. Y mi opinión es contraria a la independencia de Catalunya (a su separación de España). Y no por motivos sentimentales, de españolismo mal entendido ni históricos (al final la Historia puede abonar casi cualquier teoría, y además la estamos creando entre todos todos los días). No soy partidario porque estoy absolutamente convencido de que sería un cambio negativo para las dos partes, que saldrían debilitadas del envite. Aparte de ir contradirección de la marcha de los tiempos.
Mas se enfrentó a esta legislatura - muy prematuramente truncada, al convocar Elecciones en Catalunya para el domingo 25 de Noviembre de este mismo año (un par de años antes de su conclusión natural) -, con un tema prioritario que era el llamado Pacto Fiscal, que es un modo relativamente eufemístico de llamar al Concierto Económico del que disfrutan, de acuerdo a la Constitución, tanto el País Vasco como Navarra, de acuerdo a los llamados derechos históricos.
El principio de los Conciertos Económicos es que los impuestos son recaudados por las respectivas Comunidades Autónomas, que negocian con el Estado la transferencia de un cierto porcentaje (llamado cupo), por el que pagarían los servicios que les presta el Estado.
Si hacemos un símil con una familia con 17 hijos, en que todos viven bajo el mismo techo, los 15 que no disponen de Concierto ven cómo sus salarios son ingresados en la cuenta familiar, y el cabeza de familia negocia con cada uno la paga mensual que recibirán para hacer frente a sus gastos. Los dos que disponen de Concierto funcionan al revés: su salario se ingresa en su propia cuenta y negocian con el cabeza de familia la contribución que realizarán al presupuesto familiar, a cambio de tener techo, cama, mesa puesta, televisor plano en el salón y ropa planchada.
En mi casa crecimos tres hermanos. Cuando empezamos a trabajar, negociamos con mi padre que un cierto porcentaje de nuestros ingresos salariales se transferiría automáticamente al presupuesto familiar, mientras compartiéramos el mismo techo. Creo que disfrutamos del Concierto Económico Familiar. Como cualquier método que se quiera elegir, este tiene algunas ventajas y algunos inconvenientes para todos. Si se conseguía una promoción profesional con aumento salarial, se disponía automáticamente de más dinero en el bolsillo o en la cuenta propia, pero también automáticamente se incrementaba la contribución al sostenimiento de la familia (aunque sus servicios fueran básicamente los mismos). Del mismo modo que disminuirían ambos si alguno tenía la mala suerte de caer temporalmente en el desempleo.
En la Constitución Española (redactada y aprobada en 1978, y nunca modificada hasta hoy en estos extremos) se contempla este régimen solamente para dos Comunidades. Eso, lógicamente, podría cambiar si se modificara la Constitución.
Las otras 15 Comunidades sin Concierto funcionan con la negociación casi permanente de la financiación autonómica (de la paga, si seguimos con el símil de una familia). Es decir, la definición de cuánto dinero va a transferir el Estado al presupuesto de cada Comunidad, para que ésta pueda hacer frente a sus compromisos de pago. Por supuesto, esta negociación puede ser más o menos ventajosa para la Comunidad Autónoma dependiendo de muchos factores: afinidades políticas entre las partes, contraprestaciones en forma de apoyos en el Congreso, intensidad del lloro, aumentos o disminuciones de la población, etc. etc. En las Comunidades con Concierto la negociación se limita a definir el porcentaje del total de ingresos que va a constituir el cupo.
Per se, ninguna de las dos fórmulas es más ventajosa que la otra. Pero con el Concierto da la sensación de que la reacción de la Administración autonómica - en lo que se refiere, por ejemplo, a decisión sobre inversiones - puede ser más rápida ante aumentos o disminuciones significativas de los ingresos por impuestos. Pero también puede ser que limite la capacidad del Estado Central en la redistribución de las rentas, lo que a menudo se conoce como solidaridad interterritorial. Ciertos políticos regionales pueden sentir predilección por la fórmula del Concierto Económico, porque ello significa que la llave de la caja - para lo que valga, que es para bastante poco - está en sus manos.
Dentro de la Unión Europea, los diferentes países funcionamos, a efectos prácticos, con un esquema parecido al del Concierto Económico, por el que se define, de una u otra forma, el volumen de contribución de cada Estado a los Presupuestos de la Unión Europea.
En España, creo que entraría dentro de lo razonable, con una organización autonómica madura, próxima a lo federal, que todas las Comunidades Autónomas se rigieran por el principio de un Concierto Económico. Que nuestra actual organización autónomica sea o no madura es otra conversación, y todavía estamos pagando los platos rotos del café para todos. En la situación actual, con seguridad no es una prioridad el cambio del modelo de financiación, pues hay otras muchas labores que deben resolverse antes (racionalización del gasto, restructuración de la administración, abolición de taifas,...)
Decía, pues, que el objetivo que definió Artur Mas para esta legislatura era conseguir el Pacto Fiscal (el Concierto Económico) para Catalunya. En su reunión con Rajoy la pasada semana en La Moncloa, el Presidente del Gobierno, con una indolencia a la que ya nos hemos venido acostumbrando, cerró esa posibilidad para Catalunya, y puso de manifiesto su nula voluntad de negociar absolutamente nada en esa dirección. Está claro que la Constitución (en su redacción actual) no lo permite, pero todas las leyes son de elaboración humana y, por lo tanto, con las debidas garantías, eso sí, pueden modificarse.
Por otra parte, iniciar una negociación de Pacto Fiscal con Catalunya provocaría, sin ninguna duda, demandas equivalentes por parte de algunas otras Comunidades Autónomas que estimen que su balanza fiscal actual (presuntamente) les resulta desfavorable. Pero, posiblemente, podría ser una ocasión de oro para revisar por completo el modelo de estado autonómico que consagró la Constitución en 1978, en un estadio muy primigenio todavía de la democracia en España, con riesgos de involución y ruido de sables. La mayoría, creo, estamos de acuerdo en que la implantación y el despliegue de ese modelo ha tenido muchas disfunciones y algunos abusos, y podría ser la ocasión de revisarlo por completo, posiblemente en un intento honesto de homologarlo con los modelos federales, que son conocidos, respetados y bien entendidos por todo el mundo (en todo el Mundo). Nos ahorraríamos tener que explicarlo cada vez.
Pero en el discurso de Rajoy y del PP en general, prima la defensa a ultranza de la Constitución (tal y como se aprobó en 1978, salvo cuando los alemanes obligan a algún cambio) y de la (presunta) Unidad de España. Incluso hemos tenido que oír de nuevo algunas voces de otros tiempos, que creíamos olvidadas, invocando lo sagrado de algunos principios que, finalmente, no son más que decisiones políticas de las mayorías de cada momento.
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Mariano Rajoy, Presidente del Gobierno de España.
(Fuente: 20minutos) |
Encontrando, pues, la puerta cerrada a cal y canto para el proyecto estrella de su legislatura, a Artur Mas no le quedaba ya más remedio que finalizarla y convocar Elecciones Autonómicas. Y ahí es cuando lanzó su órdago: dado que el Pacto Fiscal no es viable, la única solución de futuro para Catalunya es la independencia de España. Por supuesto, el tono jesuítico habitual del lenguaje de Convergència i Unió no les permite plantearlo con esta claridad, pero se les entiende todo.
Puesto en la forma de una pareja en crisis, el (presunto) diálogo sería como sigue:
- Necesito más espacio
- No digas tonterías
- Pues quiero el divorcio
La crisis de relación entre Catalunya y el resto de España tiene algunos orígenes genuinos y muchos otros simplemente espúreos. Por las dos partes hay montones de prejuicios enfermizos. Se ha hecho bandera de los idiomas, por una y otra parte. Yo soy muy práctico y poco sentimental con ello, y entiendo que los idiomas son herramientas que nos facilitan podernos entender unos con otros. Y constituyen un bien cultural que hay que preservar y desarrollar. Punto. De ahí a que se conviertan en armas arrojadizas hay un buen trecho. Muchos catalanes acaban pensando que la mayoría del resto de los españoles es perezosa y demasiado amante de los subsidios y las subvenciones (ay, ay, ay, sospechosamente parecido a lo que piensan los alemanes de los del Sur...) . Muchos españoles no catalanes piensan que los catalanes son insolidarios. Algunos españoles no catalanes están convencidos de que en Catalunya se persigue al castellano parlante, y bastantes catalanes creen a pies juntillas que cruzando el Ebro se adentran en territorio hostil.
Curiosamente, este rosario de agravios mutuos es mucho menor entre aquellos (de una u otra parte) que conocen bien al resto. Lo cual no hace más que poner de manifiesto que las élites (políticas y económicas) de ambos lados han manipulado y manipulan a la opinión pública en su propio beneficio. Y los medios de comunicación, deliberada o a veces involuntariamente, azuzan esa manipulación, de modo que para un español (no catalán) medio acaba siendo indiscutible que todos los catalanes son unos c....... insolidarios que van a lo suyo y nos desprecian, y un catalán medio acaba sumido en la melancolía identitaria de que en el resto de España no nos quieren. La realidad, para los que tienen posibilidades de desvelarla, desmiente (casi) por completo estas visiones sesgadas.
Cuando cualquier pareja atraviesa una cierta crisis, lo peor que puede suceder es que intervengan los familiares y amigos de una u otra parte, porque la máxima posibilidad es que agraven todavía más la situación, aceleren el deterioro de la relación y enconen las enemistades.
Y es en este contexto enrarecido que Artur Mas convoca Elecciones Autonómicas en Catalunya, unos dos años antes de lo que correspondería legalmente. Se ha envuelto en la senyera, mientras Rajoy y el Gobierno se envuelven en la rojigualda. ¡Cómo me aterran todas las banderas que tienen un tamaño suficiente como para hacerse chales con ellas!.
Tras el portazo de Rajoy, ahora parece no quedar más remedio que lidiar con la demanda de divorcio. Pleitos tengas y los ganes, era la maldición preferida de aquella gitana. Porque si se llega a eso, ambas partes van a perder y mucho. Creo que todos los españoles (e incluyo, por supuesto, a los catalanes) deberíamos tener muy claro que ese escenario no nos va a favorecer nunca y de ningún modo. En ese terreno, todos pierden, todos perderemos.
Pero el caballo ya está desbocado y Mas ha planteado las Elecciones de Noviembre como un auténtico plebiscito popular a su proyecto, para que sea finalmente él quien lidere el proceso para la independencia de Catalunya. Pero eso pasa por el hecho (que está por ver) de que CiU consiga mayoría absoluta en el Parlament de Catalunya. Tras las (muchas ) personas que salieron a la calle el 11 de Septiembre, bajo el lema de Catalunya, un nou estat d'Europa, ha llegado el momento de que todos los catalanes, en las urnas, manifiesten su conformidad o no con la deriva independentista de la que se ha revestido Artur Mas.
Conviene aquí no olvidar que Artur Mas desde la Generalitat de Catalunya, como el propio Rajoy desde el Gobierno de España, ha sido el protagonista indiscutible de los mayores recortes antisociales de toda la democracia. Porque tanto Convergència como el PP representan, políticamente, la misma banda del espectro, y defienden a las mismas élites. El Proyecto de Independencia representa para Artur Mas lo mismo que la Guerra de las Malvinas para la Junta Militar Argentina: la identificación de un enemigo exterior, que disimule y oculte la fuerte crisis económica que todos venimos sufriendo.
Otras fuerzas políticas más sensatas deberían ver progresar sus posiciones, y mejorar su capacidad de influir en la deriva que tomen los acontecimientos. Pero el PSC tiene su propia crisis interna muy profunda (incluida la indisciplina de voto), y no tiene decidido quién será su candidato (lo tendrá que ser Pere Navarro; no hay tiempo para otra cosa); Esquerra Republicana (en los tiempos de Heribert Barrera, por ejemplo) era una fuerza testimonial y nostálgica, a la que participar en el tripartito y tocar poder le desató los peores fantasmas, delirios de nuevos ricos incluidos. La Izquierda (tradicionalmente en formaciones mixtas de nombres inacabables) debería superar sus complejos y articularse como una alternativa viable de Gobierno. Si les queda algo de marxista, el marxismo siempre ha sido internacionalista y no nacionalista. Y el PP, sin duda, debe esforzarse en recaudar los votos de centro derecha que no simpaticen con la deriva independentista de CiU.
Si Mas consigue ver reforzada su posición, y la idea de hoy se convierte en un proyecto firme, más vale que el Gobierno de España se preste a trabajar codo con codo con la Generalitat para celebrar un referéndum sobre la independencia en Catalunya, donde todos los ciudadanos de Catalunya puedan manifestar su opinión y su posición sobre ese escenario de futuro, sin tapujos, sin trampas ni medias verdades. A estos efectos, puede aportar alguna luz la lectura reposada de la llamada Clarity Act (1999) de Canadá, una pieza legal (de no más de 4 páginas) que define las condiciones exigibles antes de iniciar cualquier negociación de secesión de una de sus provincias (Québec, lógicamente, sería la candidata más probable). La Constitución de Canadá, como la española, no contempla esa posibilidad, y debería, pues, igualmente modificarse.
Y si se confirmara (cosa que espero que no se produzca) la voluntad mayoritaria de divorcio de una de las partes, ese ya resultaría inevitable, y habría que concentrarse en definir, en los tiempos siguientes, el detalle de las condiciones en que se produciría, el inventario y reparto de los activos y pasivos, de los bienes gananciales y decidir quién se quedaría con los amigos. Si recortáramos con una sierra de calar por los actuales límites de Catalunya con Francia, con Andorra, con Aragón y con la Comunitat Valenciana, cortaríamos de cuajo muchas venas y arterias (desde carreteras, líneas ferroviarias, ríos, canales o acequias, oleoductos, gasoductos, etc. hasta rutas comerciales, flujos financieros o relaciones personales). Para cada una de ellas ese cirujano virtual debería habilitar la mejor solución que evitara que la sangre acabara en el mar.
Catalunya pasaría a ser un estado (geográficamente) europeo independiente, pero políticamente fuera de la Unión Europea y de la zona euro, con su propia moneda nacional, inclinada pertinazmente a la devaluación, por lo menos durante los primeros años. Debería hacer frente a la fuerte crisis económica y a la elevada deuda, que ahora muchos parecen haber olvidado, disimulada tras sus melancolías identitarias.
Nadie debe olvidar que los divorcios nunca resultan gratis y no benefician a ninguna de las partes. Sólo son un recurso (legal) para poner punto y final a una situación de convivencia que, al menos una de las partes, estima como insostenible. Y en todo el proceso conviene huir de las histerias y de los victimismos. Que hablen los abogados que, aparte de llevarse crudo parte del botín, son los únicos que no están emocionalmente vinculados al conflicto.
Pero nadie debería transmitir el mensaje de que tras la independencia viviremos mejor. Porque eso, al menos durante bastantes décadas, sería simplemente falso. En ambas orillas.
JMBA
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