Corrupción y Élites Extractivas

El concepto de élites extractivas fue acuñado por los economistas Daron Acemoglu y Jim Robinson, en su libro "Por qué fracasan las naciones". Este tipo de élites parásitas las podemos encontrar tanto en la política como en el entorno del mundo financiero, de la economía, de los medios de comunicación o de la Inteligencia, de acuerdo a los citados economistas.

(Fuente: effeta)

En España, actualmente, este concepto se ha popularizado y convertido en mediático, referido de modo casi exclusivo a las élites políticas. Hay buenos motivos para ello (de los que la corrupción es, seguramente, la principal), pero conviene no olvidar que la categoría trasciende a otros campos.

Las élites extractivas se apartan de la obtención del bien común, y dedican sus esfuerzos a su propio bienestar y al grupo al que pertenecen. Elaboran un sistema de captura de rentas que les permite, sin crear riqueza ni valor, detraer rentas de la mayoría de los ciudadanos en beneficio propio.

La clase política española actual, nacida y desarrollada a partir del nuevo escenario político creado tras la muerte del Dictador, se ha consolidado como élite extractiva. A ello no es ajeno el sistema electoral proporcional con listas cerradas, que era posiblemente la mejor solución en ese momento para desarrollar el papel de los partidos políticos, prácticamente desaparecidos de la vida pública española durante el franquismo. Ese sistema, junto con el desarrollo de un Estado autonómico basado en el principio del café para todos, ha tenido un cierto recorrido que era necesario, pero ha entrado en crisis de agotamiento. Negar esta realidad es perpetuar una crisis democrática (y económica, por cierto) que perjudica a la gran mayoría de ciudadanos que no forman (no formamos) parte de esas élites.

Conviene no olvidar que la pervivencia y la perpetuación de ciertas élites extractivas es lo que, principalmente, provoca la incapacidad de muchos países del Tercer Mundo, o incluso de algunos países en vías de desarrollo, de salir de su sopor y poderse incorporar con garantías a la nómina de países democráticos que garantizan un cierto estado de bienestar a todos sus ciudadanos. Muchos países africanos y algunos de América Latina, por ejemplo, sufren de este síndrome en modo agudo.

Para quien quiera informarse sin excesivos tecnicismos ni recurrir a las fuentes originales, le recomiendo vivamente el artículo que publicó el economista César Molinas en El País (Una teoría de la clase política española, 10 de Septiembre de 2012) y que constituye la base de uno de los capítulos de su libro Qué hacer con España, publicado en 2013.

Un sistema electoral basado en listas cerradas y bloqueadas nos ha llevado a que los cargos electos deben lealtad y obediencia a los órganos de su propio partido (que son los que deciden quíén y en qué posición, aparece en las listas electorales), en lugar de consagrarse al servicio de los ciudadanos que les han votado. Este sistema es maligno desde su inicio, aunque haya tenido una cierta justificación durante algunas décadas, para reforzar la imagen pública de los propios partidos políticos. Unos partidos políticos que fueron prácticamente imperceptibles en el interior durante la Dictadura, o condenados a la melancolía del exilio.

La Administración Pública y, con ella, la organización práctica de la estructura del Estado, genera valor, dentro de ciertos límites. Estos límites están fijados en la capacidad que tiene el Estado de hacer que el país esté mejor ordenado, y que se puedan desarrollar los recursos comunes (infraestructuras y otros) necesarios para mejorar la competitividad internacional del país, en las mejores condiciones económicas posibles. Es por ello que un cierto tamaño del Estado es necesario para garantizar estas ventajas a todos los ciudadanos, y aportarles el máximo bienestar posible. Habitualmente, la percepción de una excesiva burocratización en la relación de los poderes públicos con los ciudadanos, acostumbra a ser un síntoma de que se ha caído en el pecado del gigantismo parásito y extractivo.

En ninguna parte está escrito que la estructura del Estado deba ser grande o pequeña. Diversas opciones políticas y económicas defienden uno u otro extremo, con argumentos teóricos razonables en todos los casos. A los ultraliberales les gustaría un Estado de tamaño mínimo, para que la mayoría de las rentas sigan en manos de quienes las generaron. En el otro extremo, los socialdemócratas, o incluso los comunistas, defienden un Estado de mayor tamaño, con funciones muy claras de redistribución de la renta. Pero la capacidad del Estado de generar valor para sus ciudadanos es limitada, por lo que su gigantismo o hipertrofia son dignos, en principio, de toda sospecha. Este es, muy habitualmente, el nido en el que se acunan las élites extractivas.

Es por ello que la extensión, en tamaño y alcance, de la estructura del Estado tiene el riesgo elevado de consolidar a la clase política como una genuina élite extractiva. En estas condiciones, es inacabable el rosario de creación de organismos y empresas públicos, cuyo objetivo principal acaba siendo la generación de nóminas y dietas. Además, entre muchos otros desmanes, estas élites se dedican a generar burbujas de las que detraer sus propias rentas de clase, como ese calamar vampiro del que hablaba el analista financiero Matt Taibbi al referirse a Goldman Sachs. La burbuja inmobiliaria que hemos vivido en España, o la burbuja financiera internacional de las hipotecas subprime, son un buen ejemplo de ello.

Es en este contexto enfermizo donde conviene situar los inacabables episodios de corrupción que estamos viviendo todos los días en España. Un sistema político que se basa en la detracción de rentas (legales, eso sí, pero profundamente inmorales), inevitablemente acaba dando acogida a individuos cuya superior codicia les lleva a perseguir la obtención de mayores rentas, ya claramente ilegales, o a conseguirlas con mayor rapidez.

Es por ello que resulta patético oír a Mariano Rajoy hablar de que la corrupción en España es un problema de casos puntuales de personajes corruptos, y no de que el sistema esté corrupto en sí mismo. Cuando el propio sistema político, y su clase dirigente a la cabeza, han diseñado una maquinaria legal para detraer rentas para su propia clase, sin generar valor, es inevitable que en muchos rincones se perfeccione esa maquinaria para generar rentas mayores y con mayor rapidez, cayendo en la ilegalidad y la corrupción.

Una reforma en profundidad del sistema es ya una necesidad perentoria en España. Combatir los casos puntuales de corrupción no puede ser la única iniciativa. Aunque hay que hacerlo, por supuesto, con toda la carga de la ley, con la máxima rapidez y ejemplaridad. Para el bien común de la gran mayoría de ciudadanos, lo que hay que desmontar es esa maquinaria enfermiza de extracción de rentas sin generar valor. Porque su propia existencia, por muy legal que pueda ser, es un cáncer para el bienestar de la mayoría de los ciudadanos.

La corrupción es un síntoma, pero la enfermedad es más profunda. La existencia de esas élites extractivas en el núcleo de la clase política, es la enfermedad. Y los casos de corrupción son los abscesos que la enfermedad genera, aquí y allá, que deberían facilitar a los médicos un diagnóstico certero de la enfermedad profunda.

Por cierto, es este caldo de cultivo el único que puede explicar la aparición de elementos esperpénticos como el llamado Pequeño Nicolás. Un jovencito que parece haber medrado estrictamente a base de generar en terceros la percepción de proximidad con el poder político y, por ende, sugerir la oportunidad de apropiación de rentas detraídas.

Ya no cuela la estrategia de extender el miedo a los antisistema. Hay que tener ciertas precauciones, claro, porque no se trata de destruir el sistema para que impere el caos, sino de cambiar el sistema para que resulte mucho más justo para la mayoría de la población. Se trata de eliminar a esas élites extractivas y sustituirlas por una clase política renovada y decente, que esté realmente al servicio de los ciudadanos, y que se consagre a generar valor para el país y sus ciudadanos.

Claro que este proceso exige que esas élites, que controlan los resortes de la legalidad y sus cambios, por uno u otro motivo, se vean forzadas a diseñar y aceptar su propio harakiri. Para que esto sea posible, fuerzas políticas como Podemos pueden ser un buen instrumento. No creo que su aproximación política sea perfecta, y en su programa hay cosas que me gustan, otras que me desagradan, y algunas que me parecen absolutamente utópicas y alocadas. Pero son los únicos que parecen claramente decididos a erradicar a esas élites extractivas del poder político en España. Los partidos políticos tradicionales harían bien en tomar buena nota de los motivos profundos por los cuales una alternativa conceptualmente minoritaria como Podemos está alcanzando la relevancia que vemos en medios de comunicación y encuestas. Creo que el ciudadano medio no quiere destruir el sistema, pero exige su reforma en profundidad, para erradicar a esas élites extractivas parásitas de la vida pública. Si nadie más ofrece una alternativa atractiva, Podemos, en soledad, alcanzará el éxito electoral.

Hoy por hoy, me temo que los ciudadanos no tenemos muchas más alternativas viables. Si nadie propone reformar el sistema en serio, entonces triunfará la opción revolucionaria. Con consecuencias todavía imprevisibles. 

JMBA

La Grasa del Sistema

La grasa tiene, en general, muy mala fama. En el cuerpo humano, tiende a acumularse en exceso, afeando la silueta y aumentando el riesgo de algún tipo de enfermedades (cardiovasculares, etc.). Su acumulación no aporta ningún beneficio, más que el disponer de mayores reservas en caso de períodos prolongados de subnutrición. Y, también, facilita la vida de los médicos que, ante un paciente obeso, tienen la receta preparada de oficio: Usted tiene que adelgazar.

Esta grasa tiene que ser buena, sólo hace falta verla...
(Fuente: elimparcial)

Hay gloriosas excepciones, como la grasa del cerdo ibérico, que funde a 23ºC (por eso el buen jamón brilla a temperatura ambiente, y tiene su pringuecillo). Además, en los cerdos criados en montanera, el ejercicio diario persiguiendo el cotidiano condumio provoca que la grasa se infiltre en la carne, y produzca jamones de sabor extraordinario (y precio astronómico).

Todos los sistemas mecánicos necesitan de algún tipo de grasa para poder funcionar correctamente. En el automóvil, siempre hay que vigilar el nivel de aceite, no fuera a ser que se acabara gripando el motor por falta de lubricante. Pero si echamos grasa (aceite) en el depósito del carburante, todo dejará de funcionar.

Todos los sistemas que tienen vida de alguna forma, tienden de modo natural a acumular grasa. En la contabilidad de las empresas existe un concepto llamado Coste de Operación, que viene a reflejar el coste que supone mantener toda la maquinaria de la empresa en funcionamiento, incluso antes de realizar la que sea su propia función (fabricar, vender, servir,...). Si nadie lo controla, el Coste de Operación tiende a crecer con el paso del tiempo ad infinitum. Como en general aplica el criterio de que lo que funciona, ni lo toques, cuando la situación económica de la empresa es boyante, se va produciendo una erosión permanente de la eficiencia, a causa del incremento constante del Coste de Operación. Pero si se consiguen las cifras de facturación y beneficio esperadas, nadie quiere fijarse en contener el Coste de Operación.

Sin embargo, cuando la situación se pone más tensa y los beneficios disminuyen por debajo de lo esperado, lo primero en lo que se fija cualquier director es en reducir (optimizar, mejorar la eficiencia,...) el Coste de Operación. Se despiden contables o financieros que resultan redundantes, se decide que basta con una persona para la distribución del correo interno (donde posiblemente ya haya dos o tres), se externalizan servicios (limpieza, seguridad, proceso de datos,...) y, en general, se intenta conseguir que el Coste de Operación (un concepto de gasto fijo) sea lo mínimo posible. Se prefiere que muchos de esos costes estén más ligados al nivel de actividad de la empresa (a su facturación, en definitiva), que sean costes variables, y que su importe sea mucho más flexible y siga más fielmente la marcha ascendente o descendente de la situación económica de la compañía.

La Administración Pública, como una gran empresa que es (con cientos de miles, o incluso millones de empleados en todo el territorio) no es una excepción a esta regla, pero tiene algunas peculiaridades. La primera, sin duda, es la de la existencia de los funcionarios. Los funcionarios son empleados (servidores) públicos, que han tenido que aprobar una oposición (un examen con todas las garantías de publicidad y ecuanimidad) para ganarse su plaza. A cambio, disponen (si así lo desean) de una ocupación y un empleo para toda su vida laboral.

Un Porsche obeso. Un contrasentido en sí mismo.
(Fuente: nopuedocreer)

La existencia de los funcionarios con su particular estatuto se explica por dos razones principales. La primera es garantizar que el empleo público no se distribuya con arbitrariedad y liberalidad por los que detenten el poder en cada momento. Y la segunda es para asegurar que el funcionamiento cotidiano de la Administración Pública esté garantizado por una pirámide funcionarial experimentada y profesional, que no sufra los vaivenes o los caprichos de una jerarquía política cambiante con el tiempo. Los niveles jerárquicos más altos se consideran cargos de confianza o políticos, y son los únicos que, si acaso, pueden cambiar cuando cambie el partido político gobernante en esa administración concreta.

No olvidemos que funcionarios son los que atienden al ciudadano en su relación con la Administración, los médicos, enfermeras o celadores de los Centros de Salud y los Hospitales públicos, los profesores de las escuelas públicas, los catedráticos de Universidad, los jueces, los ujieres que sirven un vaso de agua al orador en el Congreso de los Diputados, o la policía, por poner solamente algunos ejemplos.

A sus muchas ventajas (continuidad, estabilidad, profesionalidad,...) la existencia del funcionariado presenta un problema principal: su muy escasa flexibilidad. Su número total aumenta cada vez que alguna de las Administraciones convoca oposiciones para nuevas plazas, pero únicamente disminuye de forma natural atendiendo al propio ciclo vital (jubilaciones,...).

Intentando esquivar esa rigidez, todas las Administraciones han recurrido a la contratación de interinos o de personal con contrato laboral (no funcionarios), y a la externalización de algunos servicios. De esta forma, les resulta más sencillo, en caso de necesidad, reducir la fuerza laboral total a base de la no renovación de contratos de interinidad, el despido de contratados laborales o la reducción de las contratas externas. Claro que eso acaba creando diversas castas entre los empleados públicos, lo que en ningún caso es saludable.

En esa misma línea, la mayoría de Administraciones han recurrido a la creación de empresas públicas, con objetivos habitualmente muy concretos, pero demasiado a menudo bastante confusos. Si bien su creación puede responder a las mejores intenciones de eficiencia y servicio público de los políticos de turno, su gestión de recursos públicos en base a dotaciones presupuestarias, necesariamente más alejadas de la luz intensa de los interventores de cuentas, da pasto para que puedan producirse, con demasiada frecuencia, situaciones de corruptelas y corrupciones de diverso origen. Así, por ejemplo, el nepotismo, el que muchas de esas empresas públicas se conviertan en reductos semiopacos para facilitar un salario público a familiares y amigos en general. O, incluso, que algunos recursos públicos, alejados de la luz y los taquígrafos, se acabe blanqueando hacia el bolsillo privado o a la financiación de los partidos políticos.

Desde 1978, se ha producido en España, además, el despliegue e implementación del Estado Autonómico, consagrado en la Constitución. Se ha multiplicado el número de administraciones con capacidad de gastar dinero público y con posibilidades de creación de nuevas plazas para funcionarios o de empresas públicas. Algunos cambios tienen una trascendencia limitada. Por ejemplo, un decir, un hospital a pleno rendimiento en Granada no varía sus necesidades de funcionamiento por el hecho de dejar de depender del Ministerio de Sanidad de Madrid (o del Insalud) y pasar a depender de la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía (o del correspondiente Servicio Andaluz de Salud). Pero el grupo de funcionarios que gestionaban el conjunto de la Sanidad de todo el Estado desde Madrid, ahora deben descentralizarse, para hacerlo desde las respectivas Consejerías de cada una de las comunidades autónomas. Pero la rigidez de la estructura funcionarial no facilita la migración geográfica, por lo que las nuevas necesidades locales se cubrirán, principalmente, con nuevas plazas convocadas por la correspondiente administración autonómica.

Sin un control explícito, las Comunidades empiezan a competir entre ellas, para intentar prestar a sus ciudadanos servicios de mayor calidad que la Comunidad vecina. Ello lleva, con el tiempo, a profundas desigualdades e incongruencias, como la existencia de tantas tarjetas sanitarias como Comunidades Autónomas existen, o sistemas informáticos para la gestión y el control diferentes en cada lugar, o a que los médicos en A cobren mucho más (o mucho menos) que los médicos de B por desempeñar la misma labor.

El despliegue de la administración autonómica se ha venido realizando en las últimas décadas atendiendo prioritariamente a los criterios políticos, incluso la transferencia de algunas competencias ha sido objeto de una negociación a cambio de apoyos parlamentarios puntuales, por ejemplo. Los criterios económicos han estado fuera de la escala de prioridades, y la eficiencia de la Administración Pública no ha sido la preocupación principal de los políticos (ni centrales ni autonómicos). Ha habido una auténtica obsesión por la calidad y la cantidad de los servicios públicos prestados por las administraciones, pero a menudo se han obviado los criterios más elementales de eficiencia.

Yo parto de la base de que la toma de decisiones sobre los temas que afectan a la vida de los ciudadanos debe realizarse lo más próximo a ellos que sea posible. Esto facilita que las decisiones sean mejor informadas y más acordes con las necesidades reales de los ciudadanos, y que las prioridades que se definan estén también de acuerdo con la intensidad relativa de esas necesidades. Pero, si no existe un férreo control y una intervención permanente de cuentas, la tendencia de este despliegue es hacia el aumento de la entropía, de las desigualdades, de las ineficiencias, de las duplicidades o de las lagunas.

El Apartamento (Billy Wilder, 1960)
Esa oficina gigante repleta de empleados realizando tareas
repetitivas, ya forma parte del pasado
(Fuente: boldecine)

Ahora nos enfrentamos a una crisis económica gravísima y muy persistente. Una crisis que nos obliga a todos, a todos los niveles, a perseguir la máxima eficacia de cada euro gastado y, por lo tanto, la máxima eficiencia en las decisiones de gasto. Muchos consumidores hemos tenido que descubrir, a la fuerza, que algunos gastos eran superfluos y son prescindibles, hemos descubierto las marcas blancas, los outlets de ropa o las compras de ofertas por Internet. Las familias se han visto obligadas a eliminar toda la grasa, a verificar la necesidad o conveniencia de cada uno de los gastos, revisar uno a uno esos euros que se nos iban en los total por.

Por el contrario, el ciudadano tiene la sensación de que la Administración Pública sigue funcionando con toda la grasa acumulada durante años de falta de rigor o de control. Los recortes (ajustes, o como queramos llamarlos) se vienen aplicando directamente sobre el output de la Administración Pública, sobre la cantidad y la calidad de los servicios que presta al ciudadano. Se ha reducido el número de profesores o el de personal sanitario, se obliga al copago de los medicamentos, se intenta excluir de la cobertura sanitaria a ciertos colectivos, etc. etc. Pero no parece que el Gobierno (los Gobiernos) tengan ninguna voluntad de racionalizar la Administración Pública, de mejorar su eficiencia, de actuar con decisión sobre su Coste de Operación, de eliminar la grasa acumulada, de hacer desaparecer muchas de esas empresas públicas que son únicamente justificadoras de nóminas y presuntos nidos de corruptelas diversas, etc. etc.

Para el ciudadano corriente, que sufre en sus carnes de muchas maneras la crisis económica galopante (paro, disminuciones salariales, cierre de pequeñas empresas por disminución del consumo y la inversión o por la creciente morosidad,...) la única explicación que se le ocurre para esta aparente desidia es que ese tipo de decisiones irían contra los intereses de la propia clase política que debería tomar las decisiones que no toma. El solo hecho de que ya no produzca ningún rubor hablar de la clase política debería ser motivo de escándalo mayúsculo. Y no representa, pues, noticia ni novedad que la clase política se identifique por la ciudadanía como uno de sus principales problemas (tras el paro y la crisis económica).

Recientemente se ha sometido al conjunto de las entidades financieras a un ejercicio exhaustivo de auditoría externa, para identificar sus capacidades o debilidades para afrontar con éxito situaciones severas de crisis económica. ¿No sería posible realizar algo equivalente para la Administración Pública?.

El prerrequisito imprescindible sería que todas las Administraciones aceptaran de forma explícita que el resultado de una tal auditoría fuera vinculante, y se obligaran a aplicar sus conclusiones con la máxima disciplina y total obediencia.

Lo que tenemos que aprender de esta crisis es que las decisiones políticas deben definir el qué hay que hacer, la calidad y la cantidad de los servicios que la Administración debe prestar, pero el cómo hacerlo es puramente una decisión económica.

Tenemos en España un sistema de Administración Pública con mucha grasa acumulada. Una auditoría exhaustiva indicaría, muy probablemente, que es inviable mantener más de 8.000 ayuntamientos en el país, y que muchos ayuntamientos pequeños deben mancomunarse para ser más efectivos y poder prestar los servicios que precisa el ciudadano. Indicaría que las Diputaciones prestan algunos servicios que sería mucho más eficiente que fueran prestados desde las mancomunidades de ayuntamientos o desde las Comunidades Autónomas. Indicaría que la expansión y extensión de la Administración Electrónica debe ser universal. Indicaría que el despliegue autonómico ha generado ineficiencias y duplicidades monstruosas, que hay que revertir de modo inmediato. Pondría el dedo en la llaga de la inutilidad patente de muchas de las empresas públicas existentes, cuya actividad habría que cancelar de modo inmediato. Señalaría, sin duda, a muchos funcionarios cuya actividad ha dejado de ser necesaria. Quizá no pudieran despedirse, pero incluso pagarles el salario en su casa sería un ahorro muy considerable (en puestos de trabajo, locales, electricidad, etc. etc.). 

Han pasado ya los tiempos en que ciertos ahorros se descarten con el viejo argumento de que son el chocolate del loro. El loro que coma alpiste, como corresponde a su naturaleza.

Si nuestros políticos no toman esta tarea con seriedad y la máxima decisión, nos exponemos a que todas nuestras vergüenzas aparezcan cualquier día en la portada del Wall Street Journal, el Financial Times o el Frankfurter  Allgemeine Zeitung. Nos exponemos a que los países más ricos de la Unión europea se cansen de sufragar nuestras ineficiencias y despilfarros. Nos exponemos a que alguien decida enviarnos a un tecnócrata a que ponga orden. Nos exponemos a que la prima de riesgo suba hasta niveles imposibles, que hagan definitivamente inviable a este país, tal y como lo conocemos hoy.

Si nuestros políticos actuales son incapaces de abordar esta labor necesaria, habrá que buscarse otros. Y, por favor, aprendamos ya de una vez que las decisiones políticas deben definir el qué se quiere hacer, pero el cómo hacerlo debe ser una decisión económica de los técnicos y financieros.

La grasa acumulada en nuestro Sistema es de la mala, de la que provoca que un infarto sea más que probable.

JMBA

Los Prejuicios

En lógica se conoce como argumento ad hominem (del latín, literalmente, "al hombre") a un tipo de falacia. Consiste en decir que algo es falso, eludiendo presentar razones adecuadas para rebatir una determinada posición o conclusión. En su lugar se ataca o desacredita a la persona que la defiende señalando una característica o creencia impopular de quien lo expresa (Wikipedia).

Este fin de semana ha tenido relevancia en la Red un artículo de César Molinas publicado por El País, titulado Una teoría de la clase política española. Lo leí y me pareció bastante atinado, aunque sus conclusiones son, quizá, demasiado arriesgadas y deben repensarse un poco más. Lo compartí en Facebook , e incluso se lo remití a algunos amigos. Es relativamente largo, y su lectura toma un cierto tiempo, pero os lo recomiendo vivamente.

Ilustración de El País al artículo citado en el texto.
(Fuente: elpais)

El artículo ha generado mucha polémica. Creo que el título define correctamente su contenido, y no pretende analizar exhaustivamente el problema de España, sino que se centra en las disfunciones asociadas a nuestra clase política, nacida en la Transición. Algunas de las críticas que ha levantado tienen que ver con el hecho de que algunos han pensado que la teoría del autor es que EL problema de España es su clase política, lo que en ningún momento se dice en él. Aunque es cierto que sólo analiza el comportamiento de la clase política, que es el objetivo definido por su propio título.

Pero otras críticas han tirado del argumento ad hominem. Algunos han manifestado que si lo ha publicado El País, entonces no es de fiar. O que el autor trabajó para Merrill Lynch, y claro... Descalificaciones, que no críticas ni opiniones, gratuitas y falaces. El periodista Ignacio Escolar le dedica un artículo a refutar sus argumentos. Resulta curioso ver cómo, entre la multitud de comentarios que han enviado los lectores, hay alguno que acusa al autor de utilizar el argumento ad hominem.

Todos tenemos un cierto número de prejuicios. Así, algunos prefieren unos medios de comunicación a otros, porque habitualmente transmiten mensajes que son más acordes con sus propias opiniones personales. Y deciden, por tanto, no leer nada de aquellos medios que nos les resultan afines. Los hay adictos a Intereconomía, otros a El País, algunos a La Razón, y así para adelante. Lo que normalmente va acompañado de la correspondiente manifestación de urticaria ante cualquier cosa que transmita un medio que no lo perciba como fiable.

Este filtro que introducen los prejuicios nos permiten desbrozar un poco el camino, y nos evitan el sofoco de leer opiniones que, muy probablemente, no coincidan con las nuestras. Bueno, como opción intelectual es discutible, pero es una opción personal perfectamente válida.

El problema, la disfunción, la falacia, aparece cuando alguien descalifica una información (o un artículo de opinión) por el solo hecho de que se ha publicado en determinado medio que no es de su confianza. En otras palabras, los prejuicios nos autorizan la omisión (ni leer, ni consultar, ni ver lo que publiquen los medios que filtramos como no fiables para nosotros), pero la opinión requiere de un ejercicio intelectual y de lógica que evite por completo las falacias.

Son infinitas las facilidades que dan los medios tecnológicos modernos para que todo el mundo pueda opinar de forma muy fácil (los comentarios son siempre posibles, y mucho más inmediatos y fáciles, que las famosas Cartas al Director). Con lo que, inevitablemente, este ejercicio vicioso de la lógica, con utilización de argumentos ad hominem, están a la orden del día.

Woody Allen
(Fuente: resumi2)

Supongo que cada cual, de acuerdo a sus propias experiencias, tiene sus escritores favoritos (de los que se ha leído algún libro que nos ha gustado) y sus directores de cine preferidos (de los que se ha visto alguna película que nos ha gustado). A mí, por ejemplo, me gustan como directores tanto Woody Allen como Pedro Almodóvar, por citar solamente dos. Pero jamás me atrevería a decir que todas sus películas son geniales. En el caso del americano, Bananas, Misterioso Asesinato en Manhattan o Match Point tienen elementos que, en mi opinión, las acerca a la genialidad; mientras que otras, con cierta inspiración bergmaniana, son intragables, y las últimas son (casi) puros panfletos turísticos de Barcelona, París o ahora parece que Roma (la veré, sin duda, pero con este prejuicio). En el caso del manchego, a la indudable genialidad de Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios o a la profundidad de Carne Trémula o Volver, se contraponen otras películas bastante insufribles y truculentas, que hacen realidad las maravillosas imitaciones (exageradas, por supuesto) que de Almodóvar realiza el cómico Miki Nadal. Algo así como un taxidermista transexual y cocainómano de Puertollano se enamora de una ardilla del bosque y, al no ser correspondido, asesina al alcalde.

En otras palabras, que un director nos guste o no (así, en general) significa que estaremos dispuestos (o no) a dedicarle un cierto tiempo a ver y analizar su última película. Pero la crítica (buena o mala) nunca deberá serlo en función de quien es el director, ya que caeríamos en la falacia del argumento ad hominem, sino en la propia película, su argumento, su desarrollo, el trabajo artístico, técnico, etc. Si un director no nos gusta, evitaremos perder nuestro tiempo viendo sus películas, pero eso no nos autoriza a decir que son malas por el simple hecho de quién sea su director.

Los prejuicios nos autorizan legítimamente a la omisión, pero si opinamos debemos hacerlo respetando unas reglas mínimas de altura intelectual, y no utilizar ese tipo de falacias, como el argumento ad hominem.

Tengo algún amigo a quien no le gusta nada el cine español. Es perfectamente respetable que decida no dedicar su tiempo a ver ninguna película española, que las omita de su selección. Pero a menudo traspasa el umbral de la falacia, argumentando que una película (que muy probablemente ni siquiera ha visto) es mala por el simple hecho de ser española. Yo soy lo contrario, en general me gusta el cine español. Ello significa que estoy más dispuesto a dedicar mi tiempo a ver una mala película española que una película americana regulera. Lo que no obsta para que, después de verla, pueda opinar que es mala de solemnidad, que el argumento no se sostiene, que los actores no son creíbles, etc. etc.

Pedro Almodóvar
(Fuente: esmas)

En estos tiempos apresurados, globalizados y atribulados, existen infinitas facilidades (comentarios on-line a cualquier publicación, blogs, foros, etc. etc.) para que todo el mundo pueda manifestar su opinión, y eso es bueno. Pero ello no significa que se puedan saltar impunemente las reglas más elementales de la lógica, y utilizar masivamente argumentos ad hominem para descalificar aquello con lo que no comulgamos. Todo opinador es respetable, sí; pero toda opinión debe ganarse la respetabilidad no utilizando argumentos falaces ni descalificaciones gratuitas.

Si tus prejuicios te llevan a que no te guste cierto escritor, tu libertad te permite omitirlo de tu lista de lecturas. Pero si lo lees y opinas, siempre hay que respetar las normas básicas de la lógica al emitir una opinión y, especialmente, evitar las falacias como el argumento ad hominem.

No todo vale. Tener ciertas preferencias no nos autoriza de ningún modo a cancelar el sentido crítico. Ni para el incienso ni para el ventilador de KK.

JMBA

La Retribución de los Políticos

Están circulando estos días por los diferentes medios, y muy especialmente por la Red, iniciativas populares para recoger firmas con el objetivo de revisar, reducir o lo que sea, las retribuciones que están percibiendo en la actualidad los políticos en ejercicio.

(Fuente: CRdiario)

Yo no estoy muy de acuerdo con este tipo de iniciativas porque me parecen exageradamente globales, y fácilmente desmontables con diversos tipos de argumentos, que los políticos son muy duchos en manejar. Además, me parecen injustas por meter a churras y a merinas en el mismo corral. Me parecen, además, una distracción de los auténticos problemas por los que la clase política se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía.

Podemos discutir la necesidad, pertinencia o conveniencia de la propia existencia del Senado. Mi opinión es que se trata de una Cámara a medio hacer, a la que le faltan varios grados de cocción para llegar a ser lo que alguna vez se dice, la Cámara de representación territorial. Desde luego, en su formato actual, es meramente inoperante.

Pero creo que todos estaremos de acuerdo en la necesidad de que exista un Parlamento, un Congreso de los Diputados, con miembros elegidos por los ciudadanos en las Elecciones Generales. Se comenta por ahí acerca del bajo nivel (cultural, de instrucción, de capacitación profesional) de muchos de los Diputados, que fuera de la vida pública les haría ser no más de mileuristas. Posiblemente sea cierto (en parte, como todo; que también hay en el Congreso gente muy capaz). Pero el origen de este problema, desde mi punto de vista, son las listas cerradas para las Elecciones Generales. Esto da tal nivel de poder a los aparatos de los partidos políticos (que son los que, a fin de cuentas, confeccionan las listas) que permite toda clase de abusos y de tropelías. Especialmente en circunscripciones con varias docenas de representantes en el Congreso, en el interior de las listas (aparte del cabeza de lista, o de los dos o tres primeros) lo que abunda son mediocridades o estómagos agradecidos, políticos profesionales que, posiblemente, en la empresa privada no pasarían de auxiliares de segunda y jamás podrían aspirar a cargo directivo de ningún tipo. Sé que estoy siendo injusto, seguro, al generalizar en demasía, pero no puedo aquí hacer un análisis diputado por diputado.

Leire Pajín, un ejemplo de carrera política desarrollada en
el aparato del PSOE (en este caso), que ya le ha llevado
a ser Ministra de Sanidad
(Fuente: PSOE)

Es decir, la medianía o mediocridad reinante entre la clase de los diputados es directamente un efecto del poder de los aparatos de los partidos políticos. Aquí llegamos al segundo de los cánceres graves de la política en España. La gran mayoría de políticos en activo (especialmente en Congreso y Senado, pero no sólo) son lo que llamaríamos políticos de carrera. Es decir, gente cuyo primer trabajo de responsabilidad fue, por ejemplo, responsable de las Juventudes del Partido en mi provincia. Esta dependencia vital de lo público  hace que muchas veces sean incapaces de interiorizar los conceptos más básicos que cualquier ciudadano de a pie entiende. Muchos de ellos piensan, y a alguno hasta se le escapa delante de los micrófonos alguna vez, que el dinero público no es de nadie. Lo que es una aberración abominable, ya que la realidad es justamente la contraria: el dinero público es de todos los ciudadanos que pagan sus impuestos, tasas, etc.

Alguien que, desde los veintipocos años, ya está metido en el aparato de su partido, acaba siendo básicamente incapaz de ninguna (otra) actividad productiva, lo que le hace ser servil hasta la extenuación para no perder su beneplácito, y así continuar su vida profesional a base de diversos cargos públicos. Es por este motivo que cualquier partido que ha estado en el Gobierno (del tipo que sea) y de repente pasa a la oposición, sufre una travesía del desierto, a la que no siempre consigue sobrevivir. De repente el pasto disponible para los serviles decrece de forma dramática, y aparecen toda clase de crisis, genuinas y, especialmente, espúreas.

Dicho esto, y si nos centramos, por ejemplo, en los Diputados, se parte de la base de que son cargos de representación territorial. Es decir, cualquier Diputado lo es por la provincia de XXX. Por lo tanto, su principal trabajo político de contacto con los ciudadanos que le han elegido debe realizarse en XXX. Madrid, y el Congreso de los Diputados, es donde debe acudir para defender los intereses de sus representados. Claro que, con esto, estoy hablando de otro país. Aquí las listas (insisto, cerradas) las confecciona el aparato del partido en cuestión, jugando con las adscripciones territoriales (e incluso con los censos provinciales) de la forma que les resulte más conveniente. Así, aparecen diputados por la provincia XXX que, a lo mejor, ni siquiera la han visitado nunca (exagero un poco, pero ya me entendéis, seguro).

(Autor: J. R. Mora; Fuente: IU Almuñécar)

Partiendo de este hecho de representatividad territorial, que les obliga a desplazarse desde sus respectivos lugares de trabajo (real, junto a sus ciudadanos) hasta Madrid para las sesiones del Congreso, es lógico y natural que el Sistema les pague los viajes y las correspondientes dietas de desplazamiento. Como, por otra parte, es costumbre hacer en cualquier compañía de implantación nacional, que requiera viajes frecuentes (o, al menos, periódicos) a la Sede para recibir las consignas corporativas y para reportar resultados, etc.

Otra cosa sería plantearse si tiene sentido, en este siglo XXI, que las únicas reuniones de trabajo que realiza el congreso (sea en Pleno o en Comisiones) tengan que ser necesariamente presenciales. Posiblemente hay una parte de viajes que podrían ahorrarse si se dispusiera de (y se utilizara) una tecnología para, por ejemplo, realizar reuniones por videoconferencia. Seguramente sea imprescindible que los Plenos sean presenciales (al menos, todos los Parlamentos del Mundo funcionan así), pero muchas de las reuniones de Comisiones podrían realizarse por otros métodos menos invasivos y mucho más económicos.

Hablar de un salario base por Diputado del entorno de los 2.800 euros mensuales no me parece descabellado. Y que exista un complemento por pertenecer a la Mesa o a Comisiones, entra dentro de lo razonable. Las dietas por desplazamiento son necesarias de acuerdo a lo ya comentado, aunque seguro que se podrían optimizar sus costes (económicos y personales para los propios Diputados) utilizando con más frecuencia otras tecnologías que están disponibles.

El tema de las asignaciones fijas (parece) en concepto de gastos de representación o de libre disposición, me parece mucho más discutible. Está claro que el Presidente del Congreso (o, incluso, el Presidente de alguna de las Comisiones) debe incurrir en determinados gastos que son propiamente de representación de la institución. En cualquier compañía que no sea propiedad de su máximo directivo (cualquier Sociedad Anónima debe dar cuenta de todo a sus accionistas, por ejemplo; y todo el aparato del Estado nos pertenece a todos los ciudadanos) se establecen criterios de autorización de gastos que pasan por una Dirección Financiera que debe autorizar (o denegar) la propuesta de gastos que realice el propio Director General. Algo así, mucho menos discrecional de lo que parece hoy en día, debería ponerse en marcha en el entorno público.

El tema de las pensiones de los Diputados y otros políticos es que su asignación parece diferir demasiado de los criterios que se aplican a los ciudadanos en general. Si habláramos de un colectivo que se dedica durante unos años a la política activa, por vocación de servicio, abandonando sus actividades principales y su propia carrera profesional, a la que vuelve al abandonar la política, podríamos entender que ese abandono se les gratificara de alguna forma. En otros contextos quizá se hablaría de una indemnización por despido, o de un blindaje, es decir, una cierta cantidad de dinero que se abona a alguien cuando cesa de prestar servicio. La Administración Pública no acepta este tipo de indemnizaciones, por lo que podría parecer adecuado que se les reconociera ese esfuerzo de abandono de carrera profesional con algún derecho ventajoso a pensiones. Sólo que con estas consideraciones estamos hablando de otros políticos que no son los nuestros, al menos no la mayoría.

En un establo de políticos de carrera, en que la fase de Diputado, por ejemplo, es una más dentro de su carrera de servicio público (public servants les llaman los anglosajones), no existe ningún motivo objetivo para que el cálculo de la pensión pública a la que tengan derecho sea diferente de la que se aplique a cualquier otro ciudadano.

Ejemplo de una de las campañas populares en marcha
(Fuente: noalossueldosdelospoliticos)

Por otra parte, el hecho de que los ex presidentes del Gobierno tengan una asignación económica de origen público no me parece mal. De nuevo, al no poder pagarles una indemnización al cesar en su cargo, el cobro de esa asignación debe recordarles que siguen vinculados a lo público y al deber de discreción con todo aquello que puedan haber sabido por motivo de su cargo pasado. Que les contraten para dar alguna conferencia en determinados entornos puede llegar a parecer razonable, pero me parece mal que les contraten como consejeros de ciertas empresas, ya que ahí lo único que aportan son los conocimientos (la experiencia y, sobre todo, las relaciones) atesorados en su etapa de presidentes del Gobierno. En otras palabras, me parece poco ético desarrollar una carrera de ex presidente. Me quedaría más tranquilo si volvieran a sus actividades privadas previas (su industria, su empresa, su bufete, su plaza de catedrático, etc. etc.). Claro que eso es imposible cuando hablamos de políticos de carrera. De nuevo tropezamos con el mismo obstáculo.

En resumen, salvo entrar en los matices y las optimizaciones económicas, que siempre se pueden hacer, el sistema de retribución de los políticos me parece razonablemente correcta, sólo que para otro tipo de políticos que los que parece que estamos condenados a sufrir. Las listas cerradas y la absoluta autoridad de los aparatos de los partidos en hacer que los diputados sigan, o no, en el Congreso (por ejemplo) hace de los políticos en activo una clase que desarrolla así su carrera profesional y que, por lo tanto, debería tener un sistema retributivo como el de cualquier otro trabajador del país.

Me apena que el criterio de continuidad o no pase por los servicios prestados al aparato de su propio partido, y no a los servicios prestados a los ciudadanos, que somos los que pagamos la fiesta. Si votáramos a personas y no a las listas cerradas que nos proponen los partidos, todo sería mucho más genuino, y los políticos estarían realmente interesados en la opinión que despiertan en los ciudadanos a los que (muchas veces sólo teóricamente) representan.

Otro día quizá hable de la multitud de cargos perfectamente prescindibles (nubes de asesores, redundancias entre las diversas Administraciones, etc.) a los que estamos pagando con dinero público. O de la atrocidad que supone que, de repente, todos los políticos (del partido que sean) estén de acuerdo en subirse sus propios sueldos en la primera reunión de un nuevo ayuntamiento.

Dejémonos de órdagos a la grande (como discutir o rechazar la totalidad del sistema retributivo de los políticos) y centrémonos en aquello que significaría un avance claro en su representatividad. Porque apuntar a lo que no constituye el auténtico problema siempre crea distracciones que impiden resolverlo.

Además, unos políticos buenos se merecerían la retribución que la Ley les otorga.

JMBA