Coincidió la abdicación de Don Juan Carlos con que yo estaba iniciando un viaje en coche por el Suroeste de España (tierra de jamón, quesos y vinos, entre muchas otras maravillas), que ya tendré ocasión de iros contando por entregas.
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Don Felipe de Borbón y Grecia, próximo Felipe VI, Rey de España.
(Fuente: theobjective) |
Escuché por la radio primero que Rajoy iba a realizar una comparecencia pública sorpresa, y luego fui siguiendo la noticia, por la radio y la televisión, el resto del día.
En una persona de su edad (el pasado mes de Enero cumplió los 76 años) y con los achaques de salud que le están afectando últimamente y que, entre otras limitaciones, le está provocando graves problemas de movilidad, su abdicación no debería ser una sorpresa para nadie.
Sin embargo, parece que a la clase política la noticia les pilló con el paso cambiado. Se puso en evidencia la existencia de un cierto vacío legal para soportar el relevo en la Jefatura del Estado, y los dos grandes partidos tuvieron que ponerse de acuerdo para aprobar a toda prisa una Ley Orgánica que dé paso a la proclamación de Don Felipe como nuevo Rey de España, lo que se espera suceda este próximo jueves 19 de Junio.
Creo que, de todas formas, esto es lo que había que hacer, para garantizar la continuidad de las instituciones del Estado, tal y como se prevé en la vigente Constitución.
Don Juan Carlos, durante los 38 años de su reinado, ha prestado algunos destacados servicios a España y a sus ciudadanos, pero también ha cometido demasiadas frivolidades, inaceptables para una persona de tan alta representatividad, y de quien siempre hay que esperar la ejemplaridad. En los últimos tiempos, además, su figura se ha visto manchada por obscenos episodios de corrupción en su proximidad inmediata. Aunque, desde mi punto de vista, este último hecho debe enmarcarse en los numerosos casos de prácticas corruptas entre los que tienen posibilidad de perpetrarlas, y no achacarlo a un problema específico de la Monarquía.
Pero al hilo de este relevo que, por otra parte, era perfectamente esperable, se ha desatado una polémica en la vida pública española, que tiene que ver con la forma del Estado, y que se resume en la disyuntiva de Monarquía o República. Algunos partidos de la izquierda se han manifestado, lo que no constituye noticia ni novedad, como abiertamente republicanos, mientras que el PSOE se ha inventado una fórmula (somos republicanos, pero perfectamente compatibles con una monarquía constitucional y parlamentaria) que les ha permitido votar favorablemente la Ley de Abdicación, y asumir el papel de un partido grande, con implantación nacional y sentido de Estado, que ha detentado el poder, y que tiene todas las posibilidades de volver a hacerlo en los próximos tiempos.
Personalmente, me parece que esta polémica ha escogido un tiempo equivocado. Aunque sólo sea por principios, creo que la recomendación de Ignacio de Loyola (en tiempos de tribulación, no hagas mudanza) es siempre sensata.
Pero me parece que la discusión pública sobre la forma del Estado debe estar en la hoja de ruta de los próximos tiempos, incluyendo una eventual consulta popular o referéndum.
Ya he manifestado mi opinión sobre la necesidad de un próximo proceso constituyente en España. Por una serie de motivos que creo haber expuesto con bastante detalle, entre los que está, por supuesto, la Monarquía en sí misma como forma del Estado.
Conviene tener en cuenta que la actual monarquía fue decidida por el Dictador Franco, y que nunca estuvo encima de la mesa durante las negociaciones que llevaron a la Constitución de 1978. En otras palabras, en ese momento se consideró que las fuerzas vivas del Régimen anterior, todavía muy vivas en esos tiempos, jamás aceptarían una forma de Estado diferente de la que había decidido Franco.
En este siglo XXI, me parece un anacronismo la propia existencia de una (llamada) Familia Real. Además, lleva a la Jefatura del Estado a una persona que no ha sido elegida ni por los ciudadanos ni por sus representantes, y representa una evidente discriminación por razón de cuna.
Pero, por otra parte, también es cierto que algunos de los países más avanzados del mundo (el Reino Unido, Bélgica, Holanda, los países nórdicos,...) siguen siendo actualmente monarquías.
Y es que, partiendo de un sistema democrático consolidado, constitucional y parlamentario, la posición personal a favor o en contra de la Monarquía no tiene casi nada que ver con argumentos políticos, ni siquiera económicos, sino más bien éticos o estéticos. Hay monárquicos que lo son por su amor al boato y a la brillantez de que a menudo se revisten los actos de la monarquía. También hay no católicos, o por lo menos católicos no practicantes, que siguen casándose por la Iglesia o celebrando la Primera Comunión de sus hijos por pura devoción por el espectáculo. Estos son criterios básicamente estéticos.
Y hay también muchos republicanos que lo son por criterios puramente éticos, a quienes les parece mal que no cualquiera pueda llegar a ser Rey, o que el Rey no sea elegido por el pueblo. Aunque su papel político sea estrictamente nulo, y sea el Gobierno quien decide todos los temas relacionados con la marcha del país.
Unos piensan que cómo puede representar un Rey a todos los ciudadanos, si éstos no le han elegido, mientras otros sostienen que un (eventual) Presidente de la República no lo sería de todos los ciudadanos sino sólo de aquellos que le han votado. Este último argumento me parece especialmente miserable, pues pone en cuestión el principio de la representación política, y eso mismo podría aplicarse a un Presidente del Gobierno.
Algunos esgrimen criterios económicos para manifestar su oposición a la Monarquía. Pero conviene pensar que no hay ningún argumento serio que nos permita afirmar que la Jefatura del Estado de una eventual República nos saliera más barata de lo que nos cuesta la actual Monarquía. En repúblicas como Francia o Estados Unidos, el Presidente de la República es la máxima autoridad ejecutiva del Estado, pero también existe el equivalente a un Primer Ministro o Presidente del Gobierno. En Francia, por ejemplo, el Elíseo y Matignon. En otro tipo de repúblicas no presidencialistas (como Italia o Alemania), la figura, puramente representativa, del Presidente de la República, es habitualmente asumida, previa elección (directa o indirecta) de los ciudadanos, por algún político de prestigio ya jubilado, que precisa de una residencia oficial y de un Presupuesto para poder llevar a cabo su labor.
Mientras en otros países la Monarquía es una tradición de muchos siglos, en España esta (presunta) tradición se ha roto bastantes veces sólo en el último siglo y medio. Aunque mantener una tradición me pueda parecer en general respetable, también es cierto que hay algunas muy peregrinas, que exigirían una revisión en profundidad.
Por todo ello, creo que en los muy próximos tiempos resulta imprescindible, dentro de ese proceso constituyente que propugno, que se celebre un referéndum donde todos los ciudadanos puedan opinar sobre la forma de Estado que prefieren.
Pero da la sensación de que hay muchos políticos, en estos momentos, prácticamente la totalidad del PP, que piensan (o, por lo menos, dicen) que los ciudadanos ya votan a un partido político u otro cada cuatro años, y que durante los cuatro años siguientes les toca, en el tema político, callar y asentir. Estas manifestaciones atentan contra el principio de que los representantes de los ciudadanos deben ser fiscalizados por quienes les han elegido, y de ninguna forma la elección supone una patente de corso para hacer lo que quieran, hasta las siguientes elecciones.
Me parece execrable defender que los ciudadanos que votan a un partido político en unas Elecciones Generales están de acuerdo por completo con la opinión y posición de ese partido político sobre cualquier tema que podamos imaginar, o sobre cualquier ocurrencia que pudieran tener en el futuro. Eso es entender la democracia como un cortijo donde cada cuatro años se decide quién es el capataz.
Hasta los a menudo denostados delegados sindicales deben validar las decisiones importantes (aceptación o no de una propuesta de la empresa, o la revisión de un Convenio Colectivo,...) con las correspondientes asambleas de trabajadores.
Esta es la trampa de las que se han venido a llamar elecciones plebiscitarias. El propio Rajoy las denosta cuando es Mas quien las sugiere. Se trata de que, a falta de una consulta concreta sobre un tema específico, se entiende que el ciudadano va a votar a un partido político en función de su posición sobre ese tema. En otras palabras, que un ciudadano podría estar forzado a votar a un partido político con quien sólo comulga en la posición sobre ese tema, o a no votar a otro partido político con quien comulga en todo excepto en su posición sobre ese tema concreto.
En una democracia de calidad, los electores delegan su representación durante un tiempo, pero no la regalan. Y conservan, por supuesto, su derecho a criticar las posiciones, acciones, omisiones e incluso opiniones de aquellos a quienes eligieron. Y también su derecho a ser consultados ante decisiones de especial trascendencia.
En el marco de un (necesario) proceso constituyente, creo que debería celebrarse un referéndum donde los ciudadanos podamos dar nuestra opinión sobre la forma de Estado con la que nos sintamos más cómodos. Sabiendo que ese es un tema políticamente muy poco trascendente, pero es necesario eliminar esa polémica de la vida pública de este país. Para poder centrarnos en los temas realmente importantes, y conseguir que la democracia española sea de calidad muy superior a lo que es actualmente. A falta de una consulta popular, la calle acaba tomando el relevo. Pero la calle es sólo un barómetro de tendencias, y también un termómetro de nula fiabilidad.
Si me preguntan, yo votaría por una República, pero siendo plenamente consciente que, ni de lejos, ese es el principal problema que tiene actualmente España.
Por el momento, no creo que, como ciudadanos, renunciemos a nada trascendental, desde el punto de vista político, por declararnos compatibles con una monarquía constitucional y parlamentaria, donde la figura del Rey es puramente representativa del Estado y de todos sus ciudadanos, y donde todo el poder ejecutivo está en manos de un Gobierno que, de alguna forma, es elegido cada cuatro años por los ciudadanos.
No me gusta la Monarquía. Pero hay infinitas otras cosas que me repugnan mucho más de la situación política, económica y social de este país.
La próxima proclamación del Rey Felipe VI debería desarrollarse sin incidentes, porque ese paso viene determinado por la Ley, cuyo imperio es imprescindible para podernos llamar demócratas. Eso sí, teniendo en cuenta que acatar la legalidad vigente no significa que estemos de acuerdo con ella, ni que cejemos en nuestro empeño de cambiarla para aportar a España una democracia de mucha mejor calidad.
Soy republicano, pero también soy consciente de que ése NO es, de ninguna forma, el problema más acuciante que tenemos.
JMBA
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