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De un tiempo a esta parte, la (presunta) liberalización de ciertos mercados ha supuesto, en la práctica, la obligación para el ciudadano corriente de convertirse en experto en temas que no forman parte de su oficio habitual. Esto es particularmente cierto en tres campos bien definidos: los productos financieros, el suministro de energía y las telecomunicaciones en toda su amplitud (telefonía fija y móvil, Internet, televisión de pago,...).
Así, las conversaciones en el bar tomando un café pueden versar sobre si es mejor o no el mercado libre para la electricidad, si merece la pena la discriminación horaria, si las ventajas de la fibra óptica compensan su coste, si es mejor (o no) la oferta de Movistar que la de Jazztel, o si es (o no) más conveniente invertir en un Fondo de Inversión, o comprar acciones en Bolsa.
Veníamos de unos tiempos en que la regulación estatal de esos mercados era mucho más intensa, y al ciudadano prácticamente le llegaba una oferta clara y simple, en modo lentejas (las tomas o las dejas). Creo que la (relativa) liberalización de esos mercados es un avance, pero no debemos olvidar que nos obliga a un proceso de reflexión y de toma de decisiones, para el que no siempre tenemos la capacidad y conocimiento necesarios, ni disponemos de todos los datos.
En otras palabras, el proceso de liberalización ha cargado sobre el ciudadano la responsabilidad de acertar o equivocarse.
Estos días está en el candelero el tema del precio de la electricidad, que parece haber alcanzado máximos, en lo que se refiere al precio mayorista del Mwh de electricidad. Este debate, en el que se sienten muy cómodos los medios de comunicación, y que es alimentado tanto por el propio Gobierno como por las empresas del sector eléctrico, puede afectar de modo directo solamente a una parte de los consumidores. Parece ser que unos 14 millones de consumidores tenemos establecido un contrato de suministro eléctrico a un precio acordado y, por lo tanto, estanco (al menos en el corto plazo) a las fluctuaciones del precio mayorista. Para otros 12 millones de consumidores, con contratos a precio variable, este repunte sí puede tener influencia directa e inmediata en sus próximas facturas de electricidad.
Lo primero que debemos tener en cuenta es que el sistema eléctrico es de una considerable complejidad. Y ello, principalmente, debido a la muy limitada capacidad de almacenamiento del producto terminado. Esto obliga a que el sistema esté equilibrado en todo momento, en oferta y demanda. Dado que la demanda es muy fluctuante, tanto en los ciclos diarios de día/noche, en los ciclos semanales laborables/festivos, como en los ciclos anuales de frío/calor, la oferta también debe ser muy elástica, y con capacidad cierta de adecuación prácticamente inmediata al aumento (o disminución) de la demanda de electricidad.
Otro factor de complejidad del sistema eléctrico está ligado a que se pueden utilizar tecnologías muy diversas para la producción eléctrica, con costes por Mwh producido abismalmente diferentes. Hay energías renovables (básicamente eólica y solar) cuya capacidad está ligada a la potencia total instalada y a la disponibilidad, inevitablemente errática, de factores como el viento o las horas de insolación. Las centrales hidráulicas están ligadas a embalses y saltos de agua, y su capacidad de producción está ligada al volumen de las reservas hidráulicas en cada período. Y, en el espectro de mayores costes de producción, están las centrales térmicas (a base de carbón, gas o petróleo, o tecnología nuclear). En todos los casos, las instalaciones de generación eléctrica son muy intensivas en inversión de capital.
En el sector desenvuelven su actividad actores con cometidos diferentes. En toda la cadena de valor de la electricidad, desde la generación hasta su consumo por el destinatario final, podemos distinguir muy claramente cuatro actividades diferentes: generación, transporte, distribución y comercialización.
La liberalización del sector se inició por la Ley 54/1997 de 27 de Noviembre, promulgada por el primer gobierno Aznar. En ella se reconoce que las actividades de transporte y distribución se realizan en forma de monopolio natural. Ello se debe a la conveniencia de la existencia de una red eléctrica física única y coordinada con todas las iniciativas públicas y privadas en temas de planificación y desarrollo urbanísticos. En otras palabras, resultaría absurdo que a un consumidor doméstico le llegara más de un punto físico de acceso al sistema eléctrico. Por ello, la liberalización en estas actividades se limita a garantizar el acceso a la red existente de todos los actores que lo deseen (tanto generadores como comercializadores) en condiciones de limpia competencia. En otras palabras, que la propiedad de una red no garantiza su uso en exclusividad.
Por el contrario, las actividades de generación y comercialización sí se liberalizaron por completo, aunque estas actividades acostumbran a requerir un permiso administrativo o, al menos, un registro.
La Ley de 1997 consagró el conocido como déficit tarifario o, más rigurosamente, costes de transición a la competencia. Básicamente reconoce que el sistema eléctrico debe a las grandes eléctricas un cierto volumen de dinero, que se les irá retribuyendo en las siguientes décadas, en principio, durante quince años, pero no tengo muy claro desde cuándo o hasta cuándo.
El 26 de Diciembre de 2013, esta vez inspirada por el primer gobierno Rajoy, se promulgó la Ley 24/2013, que viene a sustituir a la de 1997. Se trata de un mamotreto de 92 páginas, cuya correcta y completa comprensión está reservada a los funcionarios expertos en el sistema eléctrico y que supone un auténtico jeroglífico para cualquier ciudadano lego en la materia.
Aunque hay actividades económicas internas al sistema eléctrico (como la compraventa de energía en el mercado mayorista), la aportación económica externa al sistema procede únicamente del pago de las correspondientes facturas de suministro por parte de los consumidores finales a las comercializadoras y también, en su caso, de los Presupuestos Generales del Estado.
En otras palabras, el dinerito fresco (procedente de los consumidores que pagamos nuestra respectiva factura eléctrica) sólo llega directamente a las comercializadoras. Y el Gobierno, de acuerdo a las leyes citadas, y a múltiples decretos y órdenes ministeriales, se arroga la responsabilidad de definir la retribución justa del resto de actores del mercado, de fijar cómo se paga, a partir de ese dinerito, a los que desarrollan las actividades de generación, transporte y distribución. Y también cómo se va cancelando el déficit tarifario año a año.
Para ello, cada año el Gobierno define el importe de los peajes de acceso a la red, que deben pagar todos los consumidores, así como otros cargos asociados a la conexión al sistema eléctrico. Existe un peaje de acceso a la potencia, y otro peaje por kwh consumido. Estos peajes se fijan por una Orden del Ministerio de Energía, publicada los últimos días de cada año, en vigor para todo el año siguiente. La Ley fija de qué forma el importe recaudado por estos peajes y cargos se distribuye entre todos los actores del sistema, incluyendo conceptos asociados que no tienen que ver directamente con la generación y distribución de la energía eléctrica. Si queréis haceros una idea del destino detallado de este dinero, tendréis que bucear en la ingente legislación sobre el tema, incluyendo las Leyes y demás desarrollo legislativo (reglamentos, órdenes ministeriales, etc.). Todo ello constituye lo que coloquialmente se conoce como costes regulados.
El peaje por potencia contratada refleja el compromiso del sistema frente a un consumidor, por el que está obligado a suministrarle, en cualquier momento en que pueda ser requerida, potencia eléctrica hasta el límite definido. En otras palabras, el sistema eléctrico debe estar preparado para suministrar en algunos momentos pico hasta la suma de todas las potencias contratadas por todos los consumidores.
La Ley de 1997 derogó un concepto que entonces existía en la factura eléctrica, por un importe próximo al 5%, como ayuda a la industria del carbón. Pero lo sustituyó por un impuesto especial (uno más de los que se llaman impuestos a la fabricación, como los de los combustibles, el tabaco o el alcohol) específico a la electricidad, por un importe equivalente.
El mercado eléctrico en España es, en la práctica, un oligopolio. A pesar de existir del orden de un millar de empresas productoras de energía, más del 60% del total está en manos de los Cinco Grandes del Sector: ENDESA, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Viesgo y EDP (antigua Hidrocantábrico). De la comercialización (facturación al cliente final) más del 90% del total está en manos de estas mismas cinco compañías (o empresas de su mismo Grupo, pues la ley exige separación clara entre las diferentes actividades en el sector eléctrico), mientras que los otros centenares de comercializadoras tienen ámbitos de actuación muy limitados y representan sólo un pellizquito del total de la tarta.
En la actualidad, el proceso de fijación del precio mayorista de la electricidad se basa en subastas diarias, lo que le da una extraordinaria volatilidad. En ella, para una demanda prevista, se van añadiendo suministradores, empezando por los de menor coste de producción, hasta equilibrar oferta y demanda. El precio de la subasta acaba siendo el precio del mayor coste añadido en ese proceso.
En la elevación de precio mayorista que hemos vivido estas últimas semanas han influido varios factores: escasez de viento y de recursos hidráulicos, elevada demanda (ola de frío,...) y un cierto parón nuclear en Francia que provoca que, cuando habitualmente estábamos importando hasta 2.500 kw desde Francia, en la actualidad estamos exportando a Francia una cantidad equivalente, lo que se añade a la demanda interna.
El consumidor doméstico tiene dos posibilidades entre las que debe escoger. Puede acogerse a lo que se llamaba Tarifa de Último Recurso (TUR) y que hoy se conoce como Mercado Libre, en el que se produce un acuerdo entre comercializadora y consumidor para un precio fijo (al menos durante un período, anual habitualmente) por el importe no regulado de la potencia contratada y de la energía consumida. Para un consumidor doméstico estándar, ese acuerdo supone más bien la aceptación de las condiciones propuestas por la comercializadora. Habitualmente, esta opción, escogida por unos 14 millones de consumidores, propone un precio por cada kwh consumido, estable durante, por ejemplo, todo el año. En caso de que el consumidor disponga de un contador inteligente, podrá también contratar discriminación horaria, de modo que el consumo en horas valle resulte más económico que el consumo en las horas pico.
La alternativa para el consumidor es pagar la energía consumida al precio real en cada momento, derivado de las subastas diarias en el mercado mayorista. Parece que unos 12 millones de consumidores se han acogido a esta opción. En el largo plazo, debería resultar una opción más ventajosa para el consumidor, pero el coste puede resultar muy volátil. De hecho, durante un año, el precio mayorista del Mwh, resultante de las subastas diarias, puede tener variaciones hasta de 1 a 5, entre los 20€ y los 100€, más o menos.
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Sintiéndome bastante desorientado por todos estos hechos, decidí dedicar unas horas al análisis detallado de lo que pagué por el suministro de electricidad en mi domicilio en 2015 (el último año que tengo completamente facturado). Cuando me trasladé a vivir a esta casa en 1999, me enganché a lo único que en ese momento tenía disponible: Gas Natural para el suministro de gas y Unión Fenosa para el suministro de electricidad. Con el tiempo, ambos proveedores acabaron fusionándose y, en Noviembre de 2014 me cambié, como comercializadora que me factura a mí, a ENDESA. No me preguntéis los motivos, porque no lo tengo claro. Vino un comercial de ENDESA a casa y me hizo una oferta que me pareció conveniente y acepté.
El gas lo utilizo para la calefacción y el agua caliente, mientras que para todo el resto (incluyendo la cocción) utilizo la energía eléctrica. Esto provoca, lógicamente, una fuerte fluctuación en la factura del gas durante el año, con picos más elevados en los meses más fríos del invierno. Por el contrario, la fluctuación en el consumo eléctrico durante el año es mucho más moderada, como veremos en el análisis detallado que he realizado.
Durante 2014 apliqué algunas medidas de ahorro en el consumo eléctrico. Sustituí muchas bombillas halógenas de 50W por equivalentes LED de 5W, y también reemplacé algún electrodoméstico por otro más moderno y mucho más eficiente energéticamente.
Con todo ello conseguí una reducción del consumo del orden del 20%, pasando de una horquilla de consumo anual en el entorno de los 5MWh a otra en el entorno de los 4MWh.
En el total del año, en 2015 consumí 3.887kwh de electricidad. Y pagué a ENDESA por el suministro eléctrico un total de 962,58€ (todos los impuestos incluidos). La primera cifra de interés, pues, sería que pagué cada kwh consumido a un precio total (peajes e impuestos incluidos) de 0,24764€. O, lo que es equivalente, para verlo en comparación con los precios mayoristas de que se habla estos días, a 247,64€ cada Mwh consumido.
Mi consumo diario fluctuó entre una media de 9,4 kwh/día en el verano (Julio, Agosto) y los 12,27 kwh/día en los meses más duros del invierno (Enero, Febrero). O, lo que es lo mismo, entre los 2,33€/día del verano y los 3,04€/día del invierno.
El detalle de la factura, más o menos bimensual, tiene cinco conceptos bien definidos:
- Cargo por la potencia contratada. En mi caso, 5,5kw. Seguramente es una potencia muy sobrada respecto al consumo, pero hasta ahora no me he parado a analizar si podría reducirlo algo. Este cargo, a su vez, tiene dos conceptos diferentes:
a) Peaje acceso potencia. Durante todo 2015 pagué 38,043426€/kw/año por este concepto.
b) Comercialización energía. Pagué un canon fijo de 0,010958436 €/kw/día. Durante la mayor parte del año me beneficié de la oferta que me hizo ENDESA, un 5% de descuento sobre este concepto.
En el total del año pagué un importe bruto (sin impuestos) por potencia contratada de 210,48€.
- Cargo por energía consumida. También hay dos conceptos diferentes en este capítulo:
a) Peaje acceso energía. Durante todo el año pagué 0,044027 €/kwh en este campo.
b) Coste energía. Entre Enero y Julio pagué 0,09594 €/kwh. Entre Agosto y Diciembre me rebajaron algo el precio, a los 0,091339 €/kwh.
En el total del año pagué un importe bruto (sin impuestos) por energía consumida (3.887kwh) de 536,82€.
- Impuesto especial a la electricidad. Supuso un recargo del 5,11269632% sobre la suma de los cargos por potencia contratada y por energía consumida.
En el total del año pagué un importe bruto (IVA no incluido) por este concepto de 38,21€.
- Cargo por alquiler de contador o aparato de medida. El importe, curiosamente, fue variable durante todo el año, en el entorno de los 2-3 céntimos de euro por día.
En el total del año pagué un importe bruto (IVA no incluido) por este concepto de 10,02€.
- Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Supone un recargo del 21% sobre el total de los diversos conceptos facturados.
En el total del año pagué en concepto de IVA la cantidad de 167,06€.
La suma de todos estos conceptos supuso la cantidad ya reseñada de 962,58€.
Otra forma de distribuir los costes es el que aporta, legalmente, cada factura, en forma, en mi caso, de un gráfico de pastel. En esta forma, hay tres conceptos:
- Costes regulados. Incluye los correspondientes peajes y otros cargos cuyo importe está fijado por la legislación vigente. He sido incapaz de establecer con claridad cuáles son estos cargos, pero invito, a quien quiera hacerlo, a bucear en la infinita legislación sobre el mercado eléctrico, que está disponible en el BOE.
En el total del año pagué por Costes Regulados la cantidad de 467,48€.
La legislación también define una distribución porcentual de estos costes regulados en tres capítulos diferentes:
a) Incentivos a renovables, cogeneración y residuos (35,69%): 166,84€.
b) Coste de las redes de distribución y transporte (34,53%): 161,42€.
c) Otros costes regulados (29,78%): 139,22€.
- Coste de producción de electricidad: 279,35€.
- Impuestos aplicados (impuesto eléctrico más el IVA): 205,27€.
De esta distribución queda al margen el (pequeño) cargo por alquiler de contador.
Si aplicamos todos los impuestos a cada capítulo de costes, resulta lo siguiente:
- Costes regulados: 594,57€ (61,81% del total neto pagado durante el año).
- Coste de producción de electricidad: 355,19€ (36,93%).
- Cargo por alquiler de contador: 12,12€ (1,26%).
El detalle de las cifras será, por supuesto, diferente para cada consumidor. Pero creo que, en general, podemos afirmar que del total de la factura de electricidad, algo más del 60% corresponde a costes regulados, definidos por la diversa legislación emitida por el Gobierno. Algo menos del 40% corresponde al coste de producción de electricidad. Y queda un coste residual de algo más del 1%, que corresponde al alquiler del contador o equipo de medida.
En mi caso, el coste marginal de 1 kwh que hubiera consumido adicionalmente, incluyendo todos los impuestos, habría sido de 17,80 céntimos de euro (Enero a Julio), o de 17,21 céntimos de euro (Agosto a Diciembre).
Este es el final de mi análisis detallado. Para reducir el coste total de la factura eléctrica anual, un consumidor doméstico tiene básicamente tres caminos:
- Reducción de la potencia contratada. Habitualmente puede ser posible, con ciertos límites, aunque puede suponer alguna limitación en la conexión simultánea de diversos dispositivos.
- Reducción del coste por kwh. Se puede conseguir habilitando, si fuere posible, la discriminación horaria, o pasando a precio variable según mercado, aunque podríamos llevarnos, durante el año, algún susto.
- Reducir el consumo en kwh. Siempre debemos prestar atención a no consumir más electricidad de la que nos resulte imprescindible, evitar la iluminación de espacios deshabitados, procurar la utilización más eficiente de todos los electrodomésticos, etc.
Y que Dios os pille confesados.
JMBA
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