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jueves, 23 de diciembre de 2010

La Ley Sinde

Creo que estamos asistiendo por todas las partes a un cúmulo de despropósitos. Desgraciadamente, en este mundo actual parece que únicamente existen las posiciones blancas o negras, los matices son lujos a los que la mayoría parece renunciar sin reparos.
La Ministra de Cultura, Angeles González Sinde
(Fuente: larioja.com)

Por una parte, el Gobierno (y, en este caso, la Ministra de Cultura, Angeles González Sinde) han protagonizado episodios vergonzosos por lo zafio y torpe. Han intentado colar regulaciones infumables (camufladas en la llamada Ley de la Economía Sostenible) mediante negociaciones de última hora con todos en el Congreso. Negociaciones que llevaron incluso a presuntas propuestas (o demandas) de favores de diverso tipo a cambio del voto (se habla de algún hospital no sé dónde y cosas así). Digo que es infumable, porque lo que pretendía el Gobierno era legalizar el control de la Red por parte de los políticos. Una de las mejores cosas que tiene la Red (Internet) es su total y absoluta democracia. Cualquiera publica, lee, aprueba o desaprueba lo que le parece. Se puede estar o no de acuerdo con lo que unos u otros escriben, pero tienen derecho a hacerlo. Reprimir la difusión gratuita no deseada de contenidos, o el fraude económico puro y duro, es una cosa, y otra muy distinta es que el Gobierno tenga el poder de controlar los contenidos de la Red. Como cualquier otro entorno, la Red solamente debe estar sujeta al imperio de la ley.

Mediante procedimientos judiciales, se pueden clausurar webs que hayan llevado a cabo actividades ilegales de cualquier tipo. Esto ya funciona así, y no hay que legislar mucho más sobre el tema. La Red debe seguir siendo libre, y en otros países (como Estados Unidos) se está más por la labor de proclamar y rubricar la Neutralidad de la Red, que por legislar su control político. El Gobierno ya tiene la potestad de proponer el secuestro de algún medio de comunicación, si ha incurrido en actividades ilegales, pero debe ser un Juez quien lo proclame. Punto final.

Lo que ocurre es que en inglés hay una palabra (free) que tiene varios sentidos, en particular, el de libre y el de gratis. Cuando se quiere enfatizar la diferencia, se utiliza free por libre, y free of charge por gratis. Pero no siempre se hace, y flota habitualmente una cierta confusión.

En el intento de la Ministra de Cultura está, con claridad, la voluntad de proteger a la industria de contenidos contra la llamada piratería. Por algo la ministra procede del mundo de la industria cinematográfica.

Creo que hay bastantes malentendidos en este tema, por su propia complejidad. Por una parte, los creadores (de cualquier tipo de contenido) tienen derecho a proteger su creación, de modo que no rinda beneficio económico a terceros, sin su autorización expresa, o acuerdo de cualquier tipo. En este espíritu se anima la licencia Creative Commons, por ejemplo, (a la que este blog está acogido). Por ella, se autoriza a que cualquiera pueda reutilizar el contenido (citando siempre la fuente), mientras no sea con fines económicos.
Piratas, los que se lucran
(Fuente: osantonio)

En otras palabras, el creador tiene derecho a los rendimientos económicos de su creación (si los hubiere).

Creo que lo que está realmente en entredicho es la relación entre las diversas industrias de contenidos y los propios creadores. Cuando la situación comercial actual lleva a que por la venta de un CD musical, o de un libro, su creador percibe, de media, no más del 10% del precio de venta, pone de manifiesto que hay intereses económicos muy potentes que nada tienen que ver con los creadores ni con los artistas.

Pero hay que entender también que las diversas creaciones de contenidos tienen un coste puramente económico muy variado. Hay creaciones prácticamente personales, sin un gasto dinerario específico asociado (la novela escrita en la intimidad del propio despacho, o la canción escrita en la servilleta de un bar). El creador dedica básicamente su tiempo a la creación (por el que no recibe remuneración alguna) y confía en que la difusión de su creación le supondrá una retribución diferida de su tiempo, de su esfuerzo, de su arte o de su genialidad. Para los creadores que no están (quizá todavía) integrados en la industria, Internet es un vehículo fabuloso para poder promocionar y vender (en su caso) su libro o las canciones de su CD por un precio simbólico (1 ó 2 Euros) que es, al final, lo mismo que cobraría por la venta de un libro físico o un CD.

En algunos casos, la difusión masiva y gratuita de su creación le puede suponer oportunidades incluso más rentables, garantizando, por ejemplo, la asistencia multitudinaria a sus conciertos.

En este escenario, la industria se convierte en un intermediario prescindible, y eso les duele hasta decir basta.

Pero hay otro tipo de creaciones que requieren un desembolso económico muy importante, para la creación misma, sin contar con su difusión y distribución posterior. Este, por ejemplo, sería el caso de los videojuegos, las películas o las grandes estrellas nacionales o universales de la música. Aquí hace falta la figura de un inversor (o productor) sea o no el mismo creador. Alguien que arriesga su dinero para llevar a cabo una creación, que debe ser rentable al final, o se retirará pronto de ese no negocio, y dejará de haber nuevas creaciones. Para este tipo de creaciones, la industria es imprescindible. Sin ella, la propia creación dejaría de existir.

Parece claro que este tipo de creaciones deben estar protegidas por la ley. El único semáforo para su pervivencia debe ser la aceptación o no por parte del público. Es decir, que a la gente le guste o no esa creación. Pero creo que no debemos permitir que el disfrute gratuito (no le quiero llamar aquí piratería) de esas creaciones afecte a su propia pervivencia.

Claro que hay que tener en cuenta que la posibilidad de disfrute gratuito también aumenta la difusión y eventual aceptación de esas creaciones. Y que, detrás de la llamada piratería, hay muchas veces un puro afán de coleccionismo, y que calcular el presunto fraude por el volumen de copias pirata de una cierta creación no deja de ser una simplificación. Ya que muchos usuarios jamás pagarían por ellas, y caso de no existir alternativa, renunciarían simplemente a acceder a ellas.

Por otra parte, creo que debemos considerar con cierto rigor si tienen sentido las nóminas multimillonarias de algunos actores y actrices, por ejemplo. Tienen sentido (igual que la nómina de los futbolistas) si por su intervención se consiguen beneficios económicos muy elevados. Como parte de la creación, tienen derecho a participar de los beneficios que su creación genere. Lo que ocurre es que el modelo se invierte con el uso, y la industria entiende que esas enormes retribuciones son razonables, porque se espera que la creación produzca unos determinados rendimientos económicos.
Volantes distribuidos en la Red, contra la ley Sinde
(Fuente: vanguardia.com.mx)

Podríamos llegar a pensar en otro modelo económico de la industria productora de contenidos, que es claramente utópico. Crear una película costaría estrictamente cero, ya que todos los que contribuyen a ella (medios artísticos, técnicos, catering, marketing,...) se comprometen a recibir un cierto porcentaje del rendimiento económico que esa creación acabe produciendo, pero no percibir ninguna retribución por su participación en la creación. Creo que la industria, de ningún modo, puede trabajar de este modo. Siempre deberá haber un productor que es quien asume el riesgo de esa creación colectiva.

Este es el escenario más o menos completo de lo que los contenidos representan en la industria cultural. No es fácil ni sencillo regularlo de forma que se protejan los derechos de todos (y no los derechos de unos contra los derechos de otros). Pero no valen los atajos ni las simplificaciones excesivas. El cánon preventivo es un sinsentido. Al estilo de la detención preventiva por el asesinato que va a cometer, de Minority Report. Y la llamada ley Sinde es otro atajo que una democracia no se puede permitir.

Hay que trabajar con mucha más seriedad, por ambas partes. El poder político no debe controlar la Red, que es un recurso básicamente democrático. Pero los internautas tampoco deben olvidar que detrás de algunas creaciones hay inversiones económicas que solamente tienen sentido si se consiguen recuperar mediante la explotación comercial de esa creación. Y, desde luego, hay que perseguir con la ley en la mano a los que intenten obtener beneficio económico de la creación de otros, sin el acuerdo de estos.

Creo que demonizar al contrario, las soflamas de uno u otro signo, la erosión de todos estos matices que he intentado exponer, en nada contribuyen a conseguir una solución armoniosa a cuestión tan sensible. La Red debe ser libre (free) pero no todos los contenidos (desde su propia creación) pueden ser de acceso gratuito (free of charge). 

Y, por cierto, no me gustaría nada vivir en un mundo donde todos los creadores de contenidos vivan del Estado, que considere la Cultura como un bien de interés público, y por tanto, pagada de los Presupuestos del Estado. Esa cultura no es la que nos merecemos en este siglo XXI. Ay, ay, que me huele que las subvenciones al cine español se parecen peligrosamente a este modelo.

No sé cuál es la solución, pero sí identifico con claridad lo que no lo es.

JMBA

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